Sin duda, fue una buena noticia haber puesto fin al rezago de más de dos años que tenía la Ley de Personas Desaparecidas con su aprobación el pasado jueves 25 de febrero, y más aún que las y los diputados hayan respetado los términos en que quedó luego de más de un año de trabajo con organizaciones y colectivos de víctimas de desaparición, expertos nacionales e internacionales en un proceso de parlamento abierto con las y los legisladores.Por la gravedad del problema y porque son entre 10 mil y 12 mil las familias que padecen el infierno en vida que es no saber del paradero de alguno de sus seres queridos, la iniciativa debió ser prioridad y discutirse y aprobarse con mayor celeridad. De hecho, así lo mandataba la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre particulares desde el segundo semestre de 2018. En descargo, al menos el producto final fue avalado por quienes tienen años sustituyendo el trabajo de las autoridades en la búsqueda de sus desaparecidos, y tenían claramente identificados los ajustes legales que se debían hacer para tratar de erradicar las omisiones en las que han incurrido por años las autoridades para dar seguimiento a estas denuncias. La aprobación de la Ley de Personas Desparecidas, junto con la Ley de Declaración Especial de Ausencia, aprobada días antes, aceptan propios y extraños, dan a Jalisco los instrumentos jurídicos de más avanzada y de vanguardia en el país, y que podrían consolidarse más con la Ley de Víctimas pendiente de reformar, para buscar abatir el drama de las desapariciones.El reto es, pues, que esta buena Ley se cumpla y las instancias encargadas de enfrentar este problema (Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Comisión Estatal de Búsqueda, y la de Atención a Víctimas) reciban los presupuestos necesarios para su buena operación y coordinación a la que ahora están obligadas, ya que de lo contrario se contemplan multas y sanciones para los funcionarios omisos o que den un maltrato a las familias de los desparecidos.La nueva Ley contempla la creación de un registro estatal de desaparecidos, de fosas clandestinas y de los cadáveres que ahí se encuentren, estén o no identificadas. Pondrá fin también a la evasión de la responsabilidad en la que siempre habían incurrido las autoridades municipales, que deberán crear unidades municipales de búsqueda, y ya no dejar toda la tarea a la Fiscalía estatal. Se elimina el estatus de “persona no localizada” que agilizará las búsquedas porque las autoridades deben iniciar la investigación al momento del reporte de la desaparición. El reto, insisto, será aterrizar en decisiones y acciones de gobierno la nueva Ley de Personas Desaparecidas, para que no quede en letra muerta como otras tantas leyes, y nos ayude de verdad a sacar a Jalisco de las entidades donde más se desaparecen a personas y donde más entierros clandestinos suceden.jbarrera4r@gmail.com
