Cuando el pasado 1 de agosto el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz reveló que habían pedido asistencia técnica a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de la República para la investigación que realizaban para esclarecer el caso de Luz Raquel Padilla, a quien quemaron viva en Zapopan el pasado 16 de julio, lo menos que podíamos imaginar es que, de plano, tirarían la toalla y renunciarían, sin rubor alguno, a cumplir su obligación de resolver una caso que le corresponde a la autoridad estatal.Pero lo más preocupante es que la responsable de la Seguridad Pública en el país, Rosa Icela Rodríguez, quien estuvo de visita el martes pasado en Jalisco, hubiera aceptado sin chistar y sin que se cuestionara a sí misma esta agresión y caso de violencia extrema contra una mujer, que la FGR tomará el caso, por la irresponsable razón de que la Fiscalía estatal no quería seguir este caso que indignó a los tapatíos y a los mexicanos, y que trascendió fronteras.“No hay un interés del Estado (de Jalisco) para continuar las investigaciones (del caso de Luz Raquel) y que puede revisarlo bien y pueden dar la opinión en la investigación por parte de la FGR”, dijo, sin ninguna perspectiva de género, cuando salió de la reunión con el Gobierno del estado y se le preguntó sobre el tema. Desde luego el Gobierno estatal y su Fiscalía también salen muy mal parados con desentenderse del caso y pasarle la papa caliente a la FGR con la complicidad de la SSPC. Esto no pasó ni en el peor momento de la crisis política que le ocasionó a la Fiscalía y al Gobierno de Nuevo León el caso Debanhi, por todas las pifias en la investigación inicial en la que aseguraron que se trató de una muerte accidental, que luego fue desacreditada por una autopsia independiente que exigieron sus padres y que reveló que su hija había sido asfixiada antes de arrojarla a la cisterna en la que la encontraron. Pese a todo el costo político que estos desatinos provocaron, en el caso coadyuva también la FGR, pero la Fiscalía estatal sigue con la responsabilidad de las investigaciones.La renuncia al caso de Luz Raquel por parte del gobierno alfarista es prueba de que no pudieron sacudirse el rechazo a la versión que filtraron a través de unos videos de que Luz Raquel se habría inmolado prendiéndose fuego a sí misma, al grado que ni siquiera registraron este hecho como feminicidio en sus estadísticas oficiales.Así lo único que nos queda esperar es que la FGR inicie de cero las investigaciones y constate las pistas que les entregue la Fiscalía estatal, sin darlas en automático por buenas. jbarrera4r@gmail.com