Conforme al Tratado binacional de Aguas suscrito en 1944, las aguas de los ríos en la frontera norte se distribuyen conforme a cuotas establecidas con criterios técnicos.Para la administración se estableció una comisión binacional de límites y aguas que elabora normas y procedimientos. A lo largo de los años se han generado conflictos regionales en algunas partes de la frontera derivados de la falta de cumplimiento de entregas de volumen de aguas. En un informe del Congreso de los Estados Unidos publicado en diciembre de 2018 sobre las aguas de los Ríos Colorado y Grande, se hizo referencia a la falta de cumplimiento en la entrega de volúmenes de aguas que México no entregó entre 1992-1997, 1997-2002, 2002-2007 y 2010-2015 y que son exigibles ahora, lo que significa que ahora mismo se deben entregar volúmenes por casi 600 millones de metros cúbicos de agua en este ciclo para estar en vías cumplimento de las obligaciones pactadas con nuestros vecinos.Al inicio del año la Comisión Nacional de Agua anunció la entrega de volúmenes provenientes de las presas La Boquilla y el Granero, ubicadas en Chihuahua. Pero los productores agrícolas de Chihuahua y Tamaulipas se han alzado contra la entrega de las aguas de las presas mexicanas hacia Estados Unidos porque eso significa distribuir menos agua para los distritos de riego de estas regiones. La agitación ha llegado al punto en el que grupos de personas han tomado las presas y las autoridades han movilizado a la Guardia Nacional y el Ejército. Un gran esfuerzo negociador se ha desarrollado con las autoridades federales y locales para resolver el asunto que puede convertirse en un foco de tensión diplomática. Este tema es un verdadero desafío por las implicaciones sociales que significa la reducción del riego en México y por otra parte el incumplimiento con los estadounidenses que han reiterado su exigencia ante la falta de entregas desde 1992. Los gobernadores de Chihuahua y Tamaulipas han expresado su respaldo a los productores, y aunque han mostrado disposición para contribuir a una solución, los ánimos se mantienen polarizados.El conflicto legalmente se centra en dar cumplimiento a los preceptos del Tratado de Aguas de 1944 y el derecho que pudieran tener los usuarios del agua de los distritos de riego. Es claro que conforme al artículo 27 de la Constitución las aguas son propiedad de la nación y se administran por las autoridades. Sin embargo, pueden existir derechos de los usuarios que de alguna forma podrían ser compensados. La forma como se resuelva este conflicto sentará un precedente de gran importancia, razón por la cual la ruta de la solución es difícil para contener la conflictividad social. Por otra parte es un desafío al sistema colaboración fronteriza que es necesario fortalecer a la luz de los nuevos tratados comerciales y de otros temas que se alcanzan con nuestros vecinos. El Gobierno de México ha expresado su voluntad de cumplir con los compromisos internacionales y desarrolla una intensa labor política con los agricultores y los representantes de los grupos inconformes. El tema es de importancia estratégica para el país, por lo que sería una pena que se convierta en un asunto de polarización política. Al fin de cuentas habrá que cumplir y replantear una solución compartida de largo plazo, pero resulta evidente que para sentarse a hablar del tema, primero habría que cumplir con lo ya establecido. Las medidas de mitigación del impacto económico deben ser planteadas con estricto sentido de la justicia y respeto a quienes realmente tendrían un daño.
