A raíz de una serie de comentarios, principalmente en redes sociales, en torno a la atención del menor de los hijos del Presidente electo en una clínica privada surgió un posicionamiento, una tendencia, para evitar que los hijos de los políticos sean objeto de la crítica y la observancia de la opinión pública: #ConLosNiñosNo.La versión popular de esto es el dicho que reza que todo político tiene derecho a tener un tío narco y una prima prostituta. Me queda claro que es un poco menos fino que el hashtag, pero en el fondo se trata de una discusión que no es nueva: las familias de los políticos no son parte de la administración pública, salvo que estos se metan en decisiones públicas, hagan actos de proselitismo o abusen del erario, no nos debería interesar ni siquiera el número de hijos, esposas y novias que tiene un presidente: todo ello es parte de su vida privada.La discusión de fondo es si tienen los presidentes derecho a la vida privada. Y aunque aquí también hay diferentes posturas yo sostengo que por supuesto que sí. Hay quien, con argumentos sólidos, señala que las figuras públicas lo son todo el tiempo y que el acceder a un cargo de elección popular conlleva el riesgo de perder la vida privada, como si votar por alguien nos diera el derecho de entrometernos en sus sábanas. Yo creo que es exactamente lo contrario. Ser un funcionario de elección popular no le da a nadie ningún derecho distinto, por lo mismo tampoco se lo quita. Si queremos un presidente que no tenga derechos metaconstitucionales tampoco debe tener obligaciones de esa naturaleza. El presidente, gobernador, diputado, alcalde o senador tiene derecho a la vida privada y la familia es parte de esa vida privada.Efectivamente, López Obrador no es un ejemplo de respeto de la vida privada de sus adversarios. A lo largo de su carrera en la política se ha metido en la vida y familia de presidentes, de adversarios y de todo aquel que él considera su enemigo en turno (mismos que al final terminará perdonándolos magnánimamente) lo cual no significa que él no tenga derecho a mantener a sus hijos, particularmente a los que no están metidos en la política y son menores de edad, fuera del ojo justiciero de la opinión pública.Defender el derecho de los políticos a la vida privada no es otra cosa que defender el derecho propio. Pero más allá de eso, hay que subir el nivel de las discusiones de uno y otro lado.(diego.petersen@informador.com.mx)
