Miércoles, 08 de Diciembre 2021

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Acuerdo a favor del despojo

Por: Rubén Martín

Acuerdo a favor del despojo

Acuerdo a favor del despojo

Bajo el pretexto de apurar los tiempos de realización de megaproyectos que está impulsando su gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el pasado lunes un acuerdo que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura”.

Y en el mismo se ordena a todas las dependencias federales a “otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras” referidas en un plazo de cinco días y de no hacerlo, se considerarán como autorizadas.

A pesar de que esta acción presidencial se toma bajo la figura jurídica de un “acuerdo”, y no un decreto o una iniciativa de ley, las implicaciones de este acuerdo son mayúsculas, pues implica no sólo cambios en campos tan diversos como la rendición de cuentas, la legislación ambiental, y especialmente porque parece encaminada a facilitar procesos de expropiación y despojo de tierras y bienes comunes de ejidatarios y comunidades indígenas bajo la justificación de impulsar megaproyectos considerados “prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, entre ellos el Tren Maya, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, así como proyectos energéticos, extractivos, turísticos e inmobiliarios.

Las primeras reacciones al documento surgieron de periodistas, políticos y otros sujetos preocupados por la transparencia y la rendición de cuentas. Muchos se preguntaron justificadamente si dicho acuerdo representa un riesgo de que se reserve, niegue u oculte información, especialmente porque algunos de los megaproyectos estrella del gobierno de la Cuarta Transformación están en manos de los militares, como la construcción de tramos del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. 

Estas preocupaciones son legítimas, pero desde mi punto de vista, lo relevante es que este simple acuerdo refuerza las legislaciones neoliberales puestas en marcha desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

¿Por qué razón? El Acuerdo presidencial del pasado 22 de noviembre pretende acelerar los tiempos de construcción de los megaproyectos estrella del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico que han sido cuestionados e impugnados por cientos de pueblos y comunidades que ven un riesgo y peligro con el impulso de estos proyectos que no sólo pretenden despojarlos de sus territorios, sino que trastocarán y ponen en riesgo sus medios de reproducción de la vida.

El Acuerdo del 22 de noviembre ordena a todas las dependencias federales acelerar las autorizaciones “provisionales” para que dichas obras continúen. Con ello pueden violarse disposiciones legales, como las ambientales al omitirse o acelerarse manifestaciones de impacto, o cancelar las consultas previas e informadas a comunidades que corren el riesgo de verse afectadas por los megaproyectos.

Otro gran riesgo de este Acuerdo es que al considerar estos proyectos como “prioritarios y estratégicos” y de “seguridad nacional”, se abre una enorme puerta para que se criminalice, persiga y encarcele a quienes se resisten a estos proyectos porque afectan sus medios de vida.

Ayer en la conferencia mañanera, López Obrador aseguró que sus “adversarios” los empresarios X. González pudieran interponer amparos contra sus proyectos estrella, pero omite que de modo justificado varias comunidades de la península de Yucatán han utilizado recursos jurídicos contra el Tren Maya o en Oaxaca, comunidades que se han amparado contra parques eólicos o el megaproyecto del corredor interoceánico por el riesgo de que se les despoje de sus territorios. 

Repetidamente en sus tres años en la presidencia, López Obrador ha declarado muerto el proyecto neoliberal en México que propició un ciclo de despojo y acumulación de capital sin precedente en el país. Pero el Acuerdo del 22 de noviembre está más emparentado jurídicamente y en sus consecuencias sociales a la legislación neoliberal que dice haber enterrado. El Acuerdo de López Obrador abre la puerta a otro ciclo de acumulación por despojo, desgraciadamente. 

rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar

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