La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y representantes del sector gasolinero sellaron un acuerdo voluntario en Palacio Nacional para topar el precio del diésel en 28 pesos por litro. Esta decisión estratégica busca frenar el impacto directo que los combustibles tienen sobre la inflación y los costos logísticos en todo el territorio nacional. Durante una reunión que duró aproximadamente hora y media, los empresarios aceptaron respaldar la propuesta federal al menos durante una semana. A cambio, el Gobierno prometió revisar y reducir las comisiones bancarias que los dueños de las estaciones pagan al cobrar con tarjeta de crédito o mediante valeras electrónicas, un reclamo histórico del gremio que finalmente encuentra eco en la administración actual. Las autoridades federales no dejan este acuerdo a la buena voluntad de los empresarios, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) iniciaron operativos de vigilancia exhaustivos. Iván Escalante, titular de Profeco, confirmó que el 65.5 por ciento de las estaciones ya venden el diésel por debajo de los 28.50 pesos, pero advirtió que sancionarán severamente a quienes mantengan tarifas abusivas. De hecho, los inspectores ya colocaron 14 lonas de advertencia en gasolineras que superan el límite establecido. Sheinbaum subrayó durante su conferencia matutina que "no hay razón" para encarecer el combustible, pues el Estado destina cuantiosos recursos públicos para subsidiarlo y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. El conflicto armado en Medio Oriente y las recientes tensiones geopolíticas dispararon los precios internacionales del petróleo durante las últimas semanas, presionando fuertemente el mercado interno mexicano. El diésel funciona como el motor principal del transporte de carga; si su precio sube, los alimentos, insumos y productos básicos también se encarecen de inmediato, generando un efecto dominó devastador en la economía familiar. Para evitar esta crisis inflacionaria, el Gobierno implementó un mecanismo similar a los pactos de estabilización del pasado, combinando voluntad política con ajustes fiscales urgentes. Las autoridades buscan dar certidumbre tanto a distribuidores como a consumidores frente a un panorama energético global altamente volátil.Para lograr este tope de 28 pesos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplica un estímulo directo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El IEPS representa un gravamen que tú pagas por ciertos bienes, como los combustibles; al reducir este impuesto, el Gobierno absorbe parte del costo real para que tú pagues menos en la bomba de gasolina. Sin embargo, especialistas como Alejandro Montufar, director de PETROIntelligence, advierten que los márgenes de ganancia para las gasolineras quedan muy reducidos. Según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el costo en las terminales de reparto ronda los 26.24 pesos, lo que deja una ganancia de apenas 1.86 pesos por litro. Esta situación de márgenes estrechos complica la operación diaria en regiones alejadas como Baja California o la península de Yucatán, donde el flete añade hasta 80 centavos extra al costo final del producto. Este esfuerzo conjunto demuestra cómo la intervención oportuna del Estado mitiga los choques externos en la economía nacional, aunque el reto principal radica en sostener el acuerdo a mediano plazo sin asfixiar las finanzas públicas ni quebrar a los pequeños empresarios del sector energético. Ambas partes, tanto el Gobierno como los representantes de marcas como Hidrosina, G500 y Onexpo, acordaron reunirse nuevamente el próximo martes para evaluar si mantienen, ajustan o retiran esta política de contención de precios.Los consumidores pueden denunciar los abusos directamente ante la Profeco, y el SAT realizará auditorías fiscales a las estaciones que incumplan el acuerdo voluntario. JM-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-
