Estas son las diferencias entre el caso de Sinaloa y el de Chihuahua

Dos investigaciones en desarrollo mantienen la atención del país en días recientes.

En el primero de los casos, dos agentes vinculados a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) fueron encontrados muertos luego de presuntamente haber participado en un operativo para destruir un "narcolaboratiorio" en Chihuahua. La acción es relevante luego de que se tratase de acciones encubiertas en el país y sin las autorizaciones de seguridad debidas.

Por otro lado, en el segundo de los casos, Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, fue acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, junto a otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En ambas situaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado la mano respecto a la investigación de cada suceso, de manera que se puedan esclarecer los hechos y sancionar a los involucrados de acuerdo con los resultados, en caso de que sea establecido.

A continuación te mostramos un resumen de cada caso respecto a las últimas actualizaciones oficiales.

Claves del caso Maru Campos

El 19 de abril de 2026, dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y dos agentes vinculados a la CIA perdieron la vida en un accidente en el municipio de Morelos. Las cuatro personas se desplazaban de regreso tras haber participado en un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos de drogas.

Ante ello, el gabinete de seguridad de México confirmó que uno de los agentes ingresó al país como visitante y otro lo hizo con pasaporte diplomático. En ambos casos, sus permisos impedían realizar actividades remuneradas.

Hay que tomar en cuenta que el marco jurídico mexicano no permite la participación extranjera en ese tipo de actividades, independientemente de sus resultados.

Los protagonistas

Posteriormente, la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad negaron tener conocimiento del ingreso y de los operativos, develando que los agentes actuaron sin autorización federal.

Por su parte, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, señaló que los agentes eran “miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos”. Sin embargo, medios como Associated Press y The Washington Post revelaron que los funcionarios trabajaban para la CIA por lo que, desde Presidencia, se envío un extrañamiento formal al gobierno de Estados Unidos por la presencia y acción de estos agentes.

El día de ayer, el vocero de la FGR, Ulises Lara, informó que la Fiscalía citó a declarar a cerca de 50 personas por su presunta participación en el operativo en la Sierra del Pinal en Chihuahua. La dependencia busca investigar exhaustivamente lo ocurrido, con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable, tomando en cuenta que se podría haber incurrido en delitos en materia de seguridad nacional.

Por su parte, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, sostuvo que no tenía conocimiento de la operación y le transmitió dicho veredicto al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en una reunión privada.

Así mismo, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renunció a su puesto derivado del caso. La propia fiscalía estatal sostuvo declaraciones cruzadas respecto a la presencia de los dos agentes en la entidad. Primero, aseguró que no formaban parte del grupo operativo que localizó los laboratorios en la Sierra Tarahumara. Luego dijo que se encontraban en la entidad dando un curso de drones y habían solicitado trasladarse junto  a la caravana del operativo para abordar un vuelo.

Claves del caso Rocha Moya

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios mexicanos de presuntos vínculos con el narcotráfico. El caso enfrenta a ambos países luego de que se ponga en el centro del diálogo la recopilación de pruebas, la determinación de la soberanía y la delimitación de la justicia trasnacional.

El expediente publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala una presunta red de corrupción para favorecer al Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas hacia dicho país. La acusación sostiene que a través de esta red se pudo exportar cantidades masivas de estupefacientes sin consecuencias legales.

Los protagonistas

Los señalados por el gobierno de Estados Unidos son los siguientes: Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cazarez, Enrique Díaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Nuñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendivil y Juan Valenzuela Millán. Destaca el gobernador con licencia Rocha Moya al que se le acusa de haber llegado al puesto tras obtener respaldo de la facción "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa.

El fin de semana pasado, Rocha Moya solicitó licencia para que se realice la investigación de la FGR y Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como gobernadora interina del estado. Posteriormente, se reveló que el gobernador con licencia recibió protección federal por recomendación de las autoridades. Así mismo, se aseguró que, el tomar licencia temporal, Rocha Moya ya no tiene fuero.

Sobre las acusaciones, las autoridades mexicanas han señalado que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada, por lo que, además de las indagatorias, se solicitó información adicional.

Diferencias entre casos

A pesar de que ambos casos han sido atraídos por la FGR y han generado tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, existen diferencias sustanciales en su naturaleza.

El caso de Chihuahua se centra en un operativo irregular dentro del territorio nacional, donde participaron agentes extranjeros sin autorización, lo que abre cuestionamientos en materia de soberanía y seguridad nacional, así como de injerencia en el país. En contraste, el caso de Rubén Rocha Moya surge de una acusación formal desde el extranjero, específicamente de autoridades judiciales estadounidenses, por presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que introduce elementos de cooperación internacional, validez de pruebas y jurisdicción.

También cabe destacar que los hechos en Chihuahua giran en torno a un evento específico. Mientras que en Sinaloa, la presunta red de corrupción involucraría una serie de acciones derivadas del mecanismo.

Hasta el momento, en el caso de Sinaloa ya existen acusaciones contra personas, pese a que no se han determinado las pruebas o responsabilidades que las sostengan. Por otro lado, en el caso de Chihuahua aún se busca dilucidar la participación y responsabilidad de los protagonistas involucrados.

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OB