PRI Jalisco rechaza aumento al transporte público

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Jalisco expresó su preocupación y rechazo ante los recientes incrementos a los servicios públicos en el Área Metropolitana de Guadalajara, al considerar que se han aprobado con facilidad y sin una evaluación integral del impacto social y económico en las familias jaliscienses.

Como ejemplo, señalaron el aumento de 9.65% en la tarifa del agua y, más recientemente, el alza al transporte público, que pasará de 9.50 a 14 pesos por viaje, lo que representa un incremento real de 47.3%.

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Las y los legisladores priistas acusaron una incongruencia por parte del Gobierno del Estado, al recordar que durante la campaña a la gubernatura se prometió no aumentar el pasaje. No obstante, una vez autorizado el incremento, el Ejecutivo estatal ha responsabilizado al Comité Técnico Tarifario, a pesar de permitir su aplicación de manera tácita.

También criticaron la narrativa oficial que busca justificar el aumento mediante un esquema de subsidio, el cual reduciría el pago a 11 pesos por viaje con un apoyo de tres pesos proveniente del Fondo de Apoyo a Usuarios de Transporte Público, que contará con mil 200 millones de pesos en 2026. El PRI advirtió que dicho subsidio será financiado con recursos públicos, por lo que, en los hechos, la ciudadanía terminará absorbiendo el costo del aumento vía impuestos.

Otro punto que generó cuestionamientos es que el acceso a la tarifa subsidiada esté condicionado a la adquisición de la llamada “Tarjeta Única, Al Estilo Jalisco”, cuya distribución proyecta alcanzar a tres millones de personas durante la actual administración. A decir del grupo parlamentario, esta medida podría responder a una estrategia de legitimación política con miras al proceso electoral de 2027, más que a una auténtica política social.

El PRI reiteró su rechazo al incremento tarifario, con o sin subsidio, al considerar que afectará directamente la economía de alrededor de 5.3 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que representan más del 70% de la población del estado. Detallaron que, aun con subsidio, la tarifa aumentará 1.50 pesos, mientras que quienes no cuenten con la tarjeta pagarán los 14 pesos completos.

Asimismo, cuestionaron que el ajuste se haya autorizado sin que previamente se garantice una mejora en la calidad, seguridad y eficiencia del transporte público, y reprocharon al Comité Técnico Tarifario por avalar la medida sin un análisis profundo del impacto social ni del costo para el erario.

Los legisladores señalaron que no existe un estudio técnico público que acredite que la Tarjeta Única garantizará la cobertura total de viajes entre 2026 y 2030, pese a que, de acuerdo con datos del INEGI, el número de pasajeros en el sistema de transporte de Guadalajara creció 3.2% anual en 2025, al alcanzar 31.6 millones de usuarios.

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También rechazaron el argumento de vincular el aumento del pasaje al incremento del salario mínimo. Citaron estudios de la Facultad de Economía de la UNAM que indican que el aumento de 13% previsto para 2026 tendrá efectos marginales en el poder adquisitivo, por lo que no justifica el alza en la tarifa. Añadieron que es incorrecto comparar a Guadalajara con zonas fronterizas del norte del país, donde el salario mínimo y el precio de los combustibles son más altos y bajos, respectivamente.

Ante este panorama, el Grupo Parlamentario del PRI propuso cinco acciones: vetar el incremento tarifario para un nuevo análisis técnico y social; llamar a comparecer a los secretarios de Transporte y de Hacienda; transparentar el padrón de beneficiarios de la Tarjeta Única; exigir a las concesionarias un plan de modernización del transporte; y establecer compromisos formales para renovar el sistema en un plazo de cinco años, con informes anuales de avances.

Finalmente, el PRI aseguró que mantiene su compromiso con las y los jaliscienses, al reconocer la importancia económica del transporte público, pero subrayó que las y los usuarios tienen derecho a un servicio digno, seguro y eficiente, por lo que llamó al gobierno estatal y a las concesionarias a no optar únicamente por el aumento de tarifas sin beneficios reales para la sociedad.

NA