Finaliza análisis nacional para aplicar restricciones en internet

GUADALAJARA, JALISCO (06/ABR/2011).- Este 6 de abril, el Senado de la República ha llevado a cabo su última sesión para tomar una postura respecto a la inclusión de México en el Acuerdo Comercial Anti Falsificaciones (ACTA, por sus siglas en inglés).

El ACTA ya ha sido aprobada en países como Estados Unidos, Suiza, Japón y la Unión Europea. La inclusión de México en este acuerdo significaría crear modelos policiales privados para monitorear la transmisión de información de los usuarios a través de Internet.

La sesión celebrada es la última de ocho consultas públicas llevadas a cabo por el Senado desde el 16 de febrero de este año, con el propósito de conocer los pros y contras de la adopción del ACTA en nuestro país.

Las consultas cobraron importancia porque fueron la respuesta del Gobierno federal a la presión que ejercieron organizaciones, académicos y ciudadanos luego de descubrir por medio de cables de WikiLeaks, la intención de sumar a México al Acuerdo, sin la consulta a la ciudadanía.

El debate sobre si México debe o no sumarse a un acuerdo que regula el uso de Internet para atacar la piratería, está polarizado desde su inicio. Por un lado, quienes lo promueven recalcan la necesidad de aportar un respaldo legal para proteger los derechos de la propiedad intelectual. En contraparte, quienes se oponen señalan que existe de fondo la intención de controlar el Internet y violar los derechos de la privacidad, acceso a la información y conocimiento de la ciudadanía.

Implicaciones para los usuarios de Internet

Carmen Rodríguez Armenta, integrante de la Academia Mexicana de Informática, explica que de asumir la medida, el Gobierno federal podría solicitar a los proveedores de Internet los nombres de instituciones o personas que realizan "peer to peer", es decir, cuándo acceden a Internet y bajan de manera ilegal canciones o películas.

Asimismo, la investigadora asegura que al aprobarse el ACTA, los proveedores de Internet podrían incrementar las tarifas para cubrir los costos que generaría la creación de departamentos de vigilancia a los usuarios.

Martín Mora Martínez, especialista del Departamento de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, apunta que el acuerdo podría afectar la producción de conocimiento de investigadores y universidades, debido a que se crearía un filtro más para que las investigaciones circulen por internet. "No tiene por qué estar regulado o sobrerregulado por ninguna instancia que no sea la de los propios investigadores", asevera.