Tren parlamentario

Dos días después de la terminación del periodo ordinario, las dos cámaras del Congreso de la Unión habían bajado prácticamente la cortina. Los patios de San Lázaro y Xicoténcatl comenzaron a verse semidesiertos.  ¿Adónde se fueron los diputados y senadores, si constitucionalmente no tienen vacaciones?

En los hechos, a vacacionar, porque en las dos cámaras tampoco hubo una sola comisión ordinaria que haya llamado a trabajar a sus integrantes. La Comisión Permanente –una asamblea de 17 senadores y 18 diputados federales- se encargará de aquí al 1 de febrero próximo, fecha en que iniciará el segundo periodo ordinario,  de atender los asuntos a los que está obligado el Congreso de acuerdo con sus funciones y facultades.

Sólo que hay  algunos inconvenientes.  Las facultades de la Comisión Permanente están restringidas, y, en mucho, el Congreso de la Unión asume características de mera Oficialía de Partes del Ejecutivo Federal.

Si en tiempos normales –de periodo ordinario pues-  el Congreso suele mirársele medio  amorcillado, contra las cuerdas, por el capoteo casi siempre tramposo del Poder Ejecutivo, ahora –con facultades limitadas- a los legisladores sólo les queda el posicionamiento en tribuna. 

Verbigracia: cuando no hay periodo ordinario de sesiones, las cámaras a través de la Comisión Permanente no están constitucionalmente facultadas para aprobar leyes.  Y tal limitación frena el trabajo legislativo de las comisiones. 

Es un formato antiquísimo, el de los dos periodos ordinarios. Desde los tiempos de Benito Juárez. No tiene mucho, seis años, que los periodos ordinarios se extendieron a 195 días. Pero incluso así son tiempos prácticamente acotados, que no alcanzan para todo el trabajo que la República espera de su Poder Legislativo.

El jueves, por ejemplo, en el país sucedieron hechos tremendamente infaustos para el Estado mexicano, de los cuales el Congreso no presentará un posicionamiento. O al menos se tendrá que esperar escuchar a los legisladores hasta el día en que se reúna, la semana próxima, la Comisión Permanente.

En la ciudad de Chihuahua, frente al Palacio de Gobierno, adonde ahora despacha como gobernador el no hace mucho diputado federal priista César Duarte,  mataron a sangre fría a la señora Marisela Escobedo, cuando hacía un plantón reclamándole a jueces estatales que hayan exonerado al asesino de su hija, Rubí Frayre.

Ayer mismo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sucedió el escape de prisión de 141 reos. Y en el municipio de General Zuazua, Nuevo León, estalló un coche-bomba. 

En estos tres casos, los criminales han hecho ver al Estado mexicano como una Entidad debilitada, incapaz de garantizar las mínimas condiciones de seguridad para su población.  Lo más de 30 mil 400 asesinatos que han sucedido en lo que va del sexenio lo confirman de manera contundente. 

Entre sus funciones y facultades del Congreso mexicano no están, evidentemente, las operativas, como es el hacer cumplir el carácter coercitivo de la ley.  Pero sí estaría el que se declararan, verbigracia, en  sesión permanente para estudiar leyes y dictaminarlas, con dedicatoria a este tipo de delitos. Y, también, para erigirse en un vigilante de todos los días para que el Ejecutivo cumpliera con su trabajo. 

Cuando se van diputados y senadores a receso –así se le llama al lapso de la Comisión Permanente-  hay un poder que se relaja aún más: el Ejecutivo, porque sabe que el contrapeso constitucional que le representa el Congreso se diluye todavía más.