Promueven elevar a rango constitucional defensa de derechos humanos

CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen que eleva a rango constitucional la defensa, protección y promoción de los derechos humanos.  

El proyecto avalado este día, y que aún requiere la aprobación del pleno, faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH) a investigar la violación de derechos humanos, para lo cual deberá contar con toda la información por parte del Estado.  

Así, la CNDH podrá investigar presuntas violaciones a los derechos humanos por gobernadores, alcaldes, legisladores o funcionarios del Ejecutivo federal, facultad que hasta hoy tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Como consecuencia de esa investigación, la CNDH podrá presentar las denuncias penales o civiles que considere procedentes.  

Además, se establece que cuando una autoridad no respete o no acepte las resoluciones de la CNDH tendrá que fundamentar y motivar su negativa, así como explicarla en audiencia pública.

Con esta reforma el ciudadano común podrá acudir a los tribunales y exigir no sólo el castigo sino la reparación del daño en caso de sufrir la violación de sus derechos humanos.  

El dictamen cambia el nombre del Capítulo Primero de la Carta Magna a "Los derechos humanos y sus garantías" y plantea que en caso de persecución política, toda persona tiene el derecho de solicitar y recibir asilo.  

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que esta reforma forma parte de la Reforma Política, y es el inicio del proceso de renovación del Estado con la ampliación de las garantías y derechos humanos de la sociedad.  

Por su parte, el senador del PAN, Santiago Creel, dijo que esta es la reforma más importante que ha aprobado el Senado en materia de derechos humanos, los cuales quedan bajo la garantía de la Constitución.  

El ex secretario de Gobernación indicó que una vez que la reforma sea aprobada por el pleno, todo ciudadano mexicano podrá acudir a los tribunales a hacer valer sus derechos, pero también a exigir una reparación por esa violación.