La seguridad

La guerra contra el crimen organizado fue el primer tema en la agenda de Felipe Calderón desde el 1 de diciembre de 2006. Los problemas económicos, la emergencia sanitaria y la política exterior siempre estuvieron por debajo del tema de la inseguridad desde el momento en el que el diagnóstico demostraba que el poder del narcotráfico se había apoderado de espacios geográficos y políticos que amenazaban la soberanía propia de la nación. La cruenta lucha contra estos grupos, que desembocó en miles de ejecuciones, soldados caídos y civiles asesinados o lesionados, requería de una constante explicación y difusión de resultados para darle legitimidad a la estrategia, algo que no sucedió en todo este tiempo.

Con el cambio en la cabeza de la comunicación en el Gobierno se decidió entrarle de lleno a la publicación de datos y al acercamiento con distintos sectores de la sociedad y el mundo político, con el objetivo de que la estrategia dejase de ser únicamente del Gobierno y pudiesen incorporarse propuestas del exterior. Los foros denominados “Diálogos por la Seguridad” pretendieron jugar el papel de aglutinador social, para transformar una política gubernamental y convertirla en política de Estado. Por ello, académicos, especialistas, representantes de la sociedad civil, líderes religiosos, miembros del Poder Judicial y gobernadores entraron en esta dinámica con el objetivo de influir directamente en la toma de decisiones.

Una vez concluidos estos foros, viene la etapa más difícil, que implica incorporar a todos estos actores de una u otra forma a la toma de decisiones en distintos niveles. No se trata de seguir discutiendo si se puede o no legalizar algunas drogas, sino de establecer cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en el combate a los criminales, la viabilidad de modificaciones legales que permitan el rápido proceso para condenar a los delincuentes y evitar abusos por corrupción o indolencia del sistema judicial, y la instrumentación de acciones concretas que alejen a niños y jóvenes de las garras del narcotráfico.

Volvamos otra vez al mundo de las medidas pequeñas pero efectivas, alejándonos de soluciones espectaculares que no resuelven nada y sólo generan esperanzas fallidas en la población. Las distintas autoridades saben bien lo que pueden hacer para reducir la esfera de influencia del crimen organizado, y el problema radica en la voluntad y los incentivos que posean para llevarlo a cabo. Sabemos que los niveles de infiltración de la delincuencia llegan al ámbito de lo político, donde la complacencia e incluso cooperación de mandatarios estatales y municipales con las bandas del narco amenazan el corazón mismo del poder político nacional, sin que exista un compromiso general para denunciarlo y combatirlo.

La reacción de Beatriz Paredes acusando a Calderón de hacer política a través de la estrategia antinarco demuestra lo lejos que nos encontramos de ese consenso nacional necesario para presentar un frente unificado en esta guerra. Si el tema inseguridad va a servir para descalificar adversarios, entonces no hay salida posible. Pero si se logra construir un acuerdo en donde, más allá de futurismos electorales, la aprehensión de funcionarios que jueguen del lado del crimen no sea motivo para utilizar el tema electoralmente, habremos avanzado significativamente en esta guerra que hoy parece no tener fin.