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Miércoles, 15 de Agosto 2018
México | No se puede pensar en un mejor sistema de justicia penal cuando policía es un eslabón mal pagado.

Faltan actores adecuados para una Reforma Judicial: especialistas

La Reforma no resolverá problemas de fondo en materia de inseguridad debido a que los actores no cuentan con profesionalización

Por: EL INFORMADOR


MÉXICO.- La Reforma Judicial no resolverá los problemas de fondo que el país tiene en materia de inseguridad debido a que los actores encargados de aplicar y administrar la justicia no cuentan con la profesionalización para hacerlo de manera correcta. Especialistas comentaron la reforma que se aprobó en comisiones legislativas y que ha generado una nutrida discusión entre partidos políticos; el debate entre académicos continúa con escepticismo hacia el nuevo sistema de justicia penal.  
Para el experto penalista Carlos Natarén Nandayapa en el sistema de justicia penal en México aplica la fórmula de "la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil", y consideró que esa debilidad se encuentra en la policía, los agentes del Ministerio Público y demás actores del proceso penal.  
Dijo que no se puede pensar en un mejor sistema de justicia penal cuando "la policía es un eslabón mal pagado, mal considerado, lo que no se arregla dándole más facultades".  
"Si haces una reforma que le da más facultades a la policía pero que se olvida de ella y la deja como está resulta que esa misma policía cuenta con mayores posibilidades de violar los derechos humanos y de cometer arbitrariedades", apuntó.  
Expuso que esa debilidad no se soluciona con base en lo que llamó "un fetichismo legal", que es creer que con reformas a la Constitución la situación del país será otra.  
Nada cambiará si los actores responsables de la procuración y administración de justicia son débiles, lo que origina un temor a que aumenten las violaciones a las garantías individuales, afirmó.  
Desde los años 90 el debate sobre justicia y procesos penales cobró auge y a partir de ese momento se hicieron presentes diversas reformas a la Constitución con sus lógicas consecuencias, como la modificación de códigos penales y civiles, cambios en las estructuras policíacas, entre otras.  
La discusión sobre la necesidad de un nuevo sistema de justicia en México tiene que ver, en gran medida, con los escasos resultados positivos que se han registrado a partir de dichas reformas, pues aún no hay suficiente confianza de los ciudadanos hacia los órganos de procuración y administración de justicia.  
El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM explicó que un legislador responsable tendría que pensar en las leyes que permitan desarrollar ese sistema, como una ley para mejorar el sistema policial o la formación de Ministerios Públicos, "y en este momento sólo escuchamos el texto constitucional".  
Sobre las reformas que contemplan cateos sin orden judicial en caso de flagrancia o cuando esté en peligro la vida o integridad de una persona, Natarén Nandayapa refirió que en cualquier país la policía podría entrar a un domicilio cuando existiese flagrancia, "sin embargo estamos hablando de nuestras circunstancias".  
Eso tiene que ver, precisó, en "cómo vamos a hacer para transformar y fortalecer a los actores del proceso penal, entre ellos los agentes del Ministerio Público, los policías, los jueces y los defensores públicos".  
Con la forma en que se discuten las reformas constitucionales en materia judicial se pierde de vista el detalle de la verdadera situación nacional, con las reformas a la Constitución "como única receta", lo que es un dato preocupante.  
"Cambiar la Constitución en sí mismo no resuelve el problema, (...) Si esa es nuestra única receta, es un salto al vacío, no garantiza nada; estamos arriesgando las garantías que tenemos en la medida que queremos resolver las cosas cambiando las normas", agregó.  
La tesis de jurisprudencia 75/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la policía puede entrar a un domicilio cuando se tengan datos ciertos de que se comete un delito.  
A partir de la tesis de la Corte tener datos ciertos significa que con menos pruebas las autoridades policiales o ministeriales pueden catear un domicilio, mientras la reforma que se discute en el Congreso de la Unión establece que se debe probar que está en peligro la vida o que un delito está en curso.  
"No es lo mismo tener datos ciertos de cualquier delito que un supuesto en el cual la vida o la integridad física de una persona está en peligro. Me parece que en este momento hay más autorizaciones que lo que las reformas plantean", advirtió Carlos Natarén.  
Recalcó que no deben desdeñarse las precauciones; incorporar los cambios a la Constitución es darles un carácter de definitivo y "si para los siguientes años vamos a tener policía con capacidad de entrar en flagrancia se requieren garantías para el ciudadano".  
"Necesitamos una policía mucho más preparada que la que tenemos ahora", insistió el experto penalista.  
Puntualizó que en cualquier otra parte del mundo no habría problema, nadie se desgarraría las vestiduras por decir que la policía puede entrar en un domicilio.  
El problema, dijo, "son nuestras circunstancias actuales. No confiamos en la policía, muy justificadamente en muchos casos, además de que estamos acostumbrados a que la reforma se hace y luego se abandona, lo que genera la sensación de peligro, de preocupación".  
Primero debe desarrollarse la carrera judicial que dé origen a una policía que genere respeto social, subrayó Natarén Nandayapa.  
Por su parte Pablo Monzalvo, del Diplomado de Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana (UIA), reconoció que nunca ha sido fácil garantizar la seguridad; sin embargo no se puede resolver el problema de la "violencia con violencia", en lugar de recurrir a la inteligencia, la organización y la capacitación.  
Otra problemática que encierra la aprobación de esas reformas es la capacidad presupuestal de las instituciones para aplicar la nueva normatividad, pues en algunos casos se requieren modificaciones de infraestructura y de recursos materiales y humanos.  
El año pasado se reformó la Constitución sobre la justicia para menores, un cambio positivo que obliga a que sean juzgados por tribunales especializados.  
No obstante, ese mandato no se cumplió a plenitud durante algún tiempo debido a la falta de presupuesto para crear órganos jurisdiccionales en la materia y designar jueces especializados.  
En fechas recientes los poderes judiciales empezaron a recuperar la normalidad en el procesamiento de menores, pero hubo un periodo en el cual no podían ser juzgados pues no existían los órganos que ordenaba la Constitución.  
Lo mismo podría ocurrir en los demás aspectos que toca la reforma, como los juicios orales para cuya realización se requiere desde una nueva estructura organizacional hasta instalaciones aptas.  
En los mismos artículos transitorios de la minuta que se discute en la Cámara de Diputados se reconoce que es necesario un tiempo para la aplicación, la organización y el desarrollo de líneas presupuestales, a fin de que las reformas puedan ponerse en práctica.  

NOTIMEX 24/02/08 CCMS

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