El INE reconduce petición de cancelar registro al Verde

CIUDAD DE MÉXICO (12/MAY/2015).- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio trámite a la petición de cancelar el registro al PVEM hecha por ciudadanos e intelectuales, por la vía de un Procedimiento Ordinario Sancionador (POS), pero cuya admisión o desechamiento aún no ha acordado.

En un escrito emitido por el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, Carlos Ferrer, notificó de la decisión a los promotores, quienes a su vez decidieron iniciar un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para combatir la respuesta del Instituto.

Según los alegatos esgrimidos entre otros por el politólogo Sergio Aguayo, además de violar el derecho de audiencia, pues la solicitud se hizo a los consejeros del Consejo General del INE y no a otro órgano del Instituto, se pretende infringir el derecho a la celebración de elecciones auténticas y con equidad.

Con la decisión de la UTC de analizar la procedencia del reclamo mediante la figura de un POS "se desvía y desatiende nuestro derecho de petición por un cause procesal inapropiado que podría hacer nugatorio el derecho sustantivo que planteamos en nuestro escrito de petición".

En la petición, fechada el 29 de abril, "se solicita claramente que dé inicio al procedimiento que hace referencia el artículo 94 párrafo 1 inciso (e), es decir, pérdida de registro del PVEM”.

“En ningún momento solicitamos ni fundamentamos el inicio de una Queja por la vía del Procedimiento Ordinario Sancionador (POS)", reclamaron.

"Nos interesa que se analice de modo integral y no de modo aislado como se ha hecho hasta ahora, el impacto y las repercusiones del conjunto de violaciones graves y sistemáticas cometidas por el PVEM para las condiciones de equidad de la competencia política entre y en cada una de las fases del proceso electoral (previo al inicio de las precampañas, durante éstas, a lo largo de las intercampañas, y en el marco de la campaña).

Se pretende determinar así, en conjunto, las afectaciones a: la autenticidad de las elecciones; el ejercicio del derecho al voto; el sistema de representación popular en la Cámara de Diputados, e incluso el sistema de coaliciones a través de las cuales se puede acceder al control de la Cámara "por medios ilegales e ilegítimos, burlando la voluntad soberana de pueblo".