La guerra del gobierno de México contra los cárteles de la droga ha tenido un alto costo para la sociedad mexicana, particularmente en el terreno de los Derechos Humanos.Esa es la conclusión que arroja el último informe anual del Departamento de Estado en este ámbito, donde se dibuja un preocupante panorama donde la encarnizada batalla contra el crimen organizado se ha traducido en una larga lista de víctimas civiles que hoy encajan dentro la trágica categoría de daños colaterales.El documento señala el preocupante nivel de corrupción e impunidad que se observa “en todos los niveles de gobierno”, la “falta de transparencia e ineficiencia en el aparato judicial” y la preocupante intimidación de periodistas que ha desembocado en una preocupante práctica de autocensura.“A pesar que el gobierno respeta y promueve los derechos humanos” -- sostiene el informe sobre México --en medio de la lucha que se libra contra los carteles de la droga “se han registrado casos donde algunos elementos de las fuerzas del orden (policías y militares) han actuado al margen de la línea del deber” asesinando a varios civiles.El reporte, que ofrece detallados ejemplos de casos donde las fuerzas del orden actuaron de forma negligente en operaciones registradas en estados como Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa se hace eco, además, de los informes presentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para subrayar el preocupante aumento en el número de secuestros, abusos físicos, tortura y asesinatos.En el caso de Cuba establece que el año pasado se intensificó el acoso a disidentes del régimen y se practicaron detenciones durante periodos cortos sin haber presentado cargos para "intimidar" a activistas e impedir que se organicen.
