Ausencias de ministros podrían afectar a la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (09/NOV/2012).- La ministra Olga Sánchez Cordero reconoció que de no concretarse la designación de los dos nuevos ministros, pendiente en el Senado, las ausencias afectarían el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en términos de votaciones y de carga de trabajo.

En conferencia de prensa, se reservó de hacer comentarios sobre el rechazo del Senado a las dos ternas de aspirantes a ministros, que envió el presidente Felipe Calderón, pero comentó brevemente el efecto de que el máximo tribunal se viera obligado a operar únicamente con nueve integrantes.

"Se necesitan ocho votos para una votación de mayoría calificada para invalidar una reforma, en ese sentido se requieren ocho votos, y si sólo somos nueve, pues desde luego que sí tiene una repercusión en las votaciones, en los empates y en la carga de trabajo", precisó la ministra.

Su colega Jorge Mario Pardo Rebolledo, declinó hacer comentarios sobre el rechazo de las ternas, aduciendo que el tema "está en el ámbito del Poder Legislativo".

A partir del próximo 29 de noviembre, la Corte tendrá vacantes las plazas de los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia, quienes entran en retiro.

Su ausencia, en caso de que el Senado no logre designar a los suplentes antes del próximo periodo de sesiones, impactará no sólo el trabajo del pleno, sino el de las dos salas, cada una de las cuales contaría sólo con cuatro de los cinco ministros que deben integrarlas.

En la conferencia, Sánchez Cordero y Pardo Rebolledo presentaron la relatoría de las mesas de trabajo que les correspondió coordinar en la Primera cumbre de presidentes de cortes supremas, constitucionales y regionales: "derechos económicos, sociales y culturales (DESC)" y "grupos en situación de vulnerabilidad".

Sobre el primer tema, Pardo explicó que los participantes en la mesa coincidieron en la necesidad de que los tribunales constitucionales se conviertan en verdaderos garantes del ejercicio de los DESC.

"El dejar de considerar a las normas que establecen estos derechos como meras normas programáticas y darles un contenido prestacional, es decir, que las personas tengan el derecho de acudir a los tribunales a demandar la violación o el incumplimiento de las normas que establecen este tipo de derechos", expuso.

Al resumir los trabajos de su mesa, Sánchez Cordero dijo que varios de los presidentes de cortes constitucionales participantes reconocieron que el acceso al a justicia para los grupos vulnerables es una asignatura pendiente para todos los países.

"El hecho de que los Estados puedan proporcionarles este derecho fundamental de acceso a la justicia a los grupos, a las personas pertenecientes a estos grupos vulnerables, no solamente en esta materia de justicia constitucional, sino básicamente en todo lo que a justicia se refiere", explicó.

Reconoció que el caso de los DESC sigue a discusión en tela de su justiciabilidad, porque su ejercicio y vigencia está ligado a los recursos que tenga el Estado para poder prestarlos, por lo que se requiere que los ciudadanos que los consideren vulnerados acudan a los tribunales y estos puedan, con su resolución, incidir en las políticas públicas para garantizarlos.

"Muchas veces estos fueron llamados los derechos programáticos, es decir, derechos que son como ideales para poderlos ir cumpliendo, pero ahora se pone en la mesa que sean realmente justiciables, es decir, que cualquier individuo que sienta que no tiene, por ejemplo, este derecho o acceso a la salud o a la educación pueda acudir ante tribunales para que ejerciten y sea justiciable este derecho", dijo.