Académicos ven retroceso en acceso a la información

CIUDAD DE MÉXICO.- Para contrarrestar el "rezago" que México presenta en transparencia y acceso a la información, especialistas llamaron a retomar los trabajos del Grupo Oaxaca, integrado por académicos, investigadores, medios de comunicación y organizaciones civiles que en 2002 impulsaron la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los investigadores Irma Eréndira Sandoval, Perla Gómez Gallardo y John Ackerman coincidieron, por separado, que es necesario recobrar el carácter ciudadano y la voluntad política õque caracterizó a ese grupo de la sociedadõ para reimpulsar la transparencia como un derecho de los ciudadanos y una herramienta eficaz contra la corrupción.

Aseguraron que a ocho años de la implementación de la ley, ésta se ha "burocratizado" e incluso en algunos estados ha habido retrocesos como clasificar información como "reservada"; además, los órganos garantes están constituidos por perfiles que aseguran la opacidad, tanto a nivel federal como local.

Sandoval Ballesteros, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dijo que desde hace tres años, con la llegada de Alonso Lujambio como titular del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), hubo "un punto de inflexión" en este derecho, pues todo parece indicar que en la actualidad tenemos una transparencia más burocrática y de supuesta eficiencia.

“Este tipo de casos en los estados hablan de que es hora de que a nivel federal el IFAI debe reformarse, porque ya no es autónomo y las designaciones de las nuevas comisionadas —Sigrid Artz y María Elena Pérez Jaén— lo ponen en claro”, afirmó la también autora del libro Corrupción y transparencia.

Subordinación al poder político

Perla Gómez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que algunas entidades han aprovechando la reforma al artículo sexto de la Constitución —donde todos los estados deben homologar sus legislaciones con la ley federal y deben contar con órganos autónomos garantes del acceso a la información pública— para quitar derechos adquiridos.

Para el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas John Ackerman, desde la reforma al artículo sexto constitucional, en 2007, la ley sólo se cumple a medias.
“Sólo se queda en el texto legal, pero cada vez se desarrollan más prácticas para simular su cumplimiento. A nivel estatal incluso hay leyes que han retrocedido introduciendo cláusulas de reserva (de información) que antes no estaban”.

Aseguró que en algunos casos los comisionados en los órganos estatales están “subordinados” al poder del gobernador de sus entidades o actúan “muy temerosos” al aplicar las sanciones que tienen a la mano.