Wixáricas exigen clausura total de obras en Bolaños-Huejuquilla

MEZQUITIC, JALISCO.- El delegado de la Profepa Jalisco, José de Jesús Becerra señala que los sellos de clausura que colocaron a principios de 2008 para detener las obras de la carretera Bolaños-Huejuquilla fueron levantados en septiembre y octubre pasado, pues el Gobierno de Jalisco presentó las “evidencias” de que no habrá afectaciones ambientales.

Esto es lo que la Profepa argumenta ante la carta que a principios de marzo enviaron las autoridades comunales de Santa Catarina Cuexcomatitlán ( Mezquitic, Jalisco), en la cual señalan que el levantamiento de los sellos es “ilegal” pues no existe una autorización de cambio de suelo y exigen que se resuelva una clausura total de la obra.

“Recibimos un documento de la comunidad de Santa Catarina (Mezquitic, Jalisco), pero debo decir que el Gobierno ha entregado todos los documentos que les solicitamos. Ciertamente en un principio hicimos visitas de inspección y establecimos medidas de seguridad, se ordenó la clausura temporal de algunos tramos y se le ordenó al Gobierno estatal que cumpliera con los requisitos para retirar los sellos. Debo señalar que ya entregaron todos los documentos que contemplan las manifestaciones de impacto ambiental… en este momento no recuerdo todos los puntos”.

Los indígenas wixáritari de la zona norte de Jalisco destacan en el documento que, de acuerdo al artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, “el cambio de uso de suelo forestal únicamente podrá otorgarse de manera excepcional a quien presente original y copia certificada del título de propiedad (…). Tratándose de ejidos o comunidades agrarias, deberá presentarse original del acta de asamblea en la que conste el acuerdo de cambio de uso de suelo en el terreno respectivo”.

Con este argumento legal, la comunidad de Santa Catarina (Tuapurie en huichol) señala que es la única y legítima propietaria de estos predios y reiteran su postura de no conceder la posesión a representantes del Estado ni a las empresas constructoras que operan “ilegalmente a su amparo y bajo sus instrucciones”.