Ventila CEDHJ nuevas omisiones del Consejo Estatal de Familia

GUADALAJARA, JALISCO (08/MAR/2013).- De nueva cuenta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) alza la voz en contra del mal proceder del Consejo Estatal de Familia, instancia que, de acuerdo con una investigación interna de la Comisión, impidió al padre de un menor que fue asegurado en 2006 —por la entonces Procuraduría de Justicia— que se reuniera con él. Incluso, asegura, dilató cuatro años la fecha de trámite para la demanda del quejoso.

De esta forma, el Consejo Estatal de Familia alcanzó 13 recomendaciones ya desde que Felipe de Jesús Álvarez Cibrián preside la delegación local de Derechos Humanos. “Pero llama la atención que en seis de ellas (10, 13 y 24 de 2011; 18 y 30 de 2012, y 7 de 2013) es abandono institucional. Esto nos indica que, si bien hemos conocido de algunas quejas, puede ser que no conozcamos de todas”.

El ombudsman jalisciense ventiló ayer la sexta y séptima recomendación del año, en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara y el Sistema DIF Jalisco, específicamente al pleno del referido Consejo.

En ambos casos se incurrió en una violación, primero al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de un hombre que fue arrestado en un operativo orquestado por la Policía Municipal sin orden de cateo alguna, y después en faltas a los derechos a la legalidad, a la libertad personal, a la privacidad y al trabajo.

El afectado por el Consejo asegura que se enteró de su paternidad cuando corría el año 2007 y, aunque trató de asegurar su cercanía con el niño, ésta le fue impedida. “Le informaron que todo lo relacionado con el niño tendría que verlo en un juicio familiar que tramitarían en su contra por la pérdida de la patria potestad (...) Acudió tanto a la casa hogar como al Consejo Estatal, pero le impedían visitarlo y le negaban información”.

De acuerdo con Derechos Humanos, el quejoso presentó su demanda en 2008, pero fue apenas en 2012 cuando se le notificó que había sido tramitada, por lo que se le indicó que había “abandonado” al infante, lo que “consideró una irresponsabilidad de los servidores públicos, ya que deliberadamente y con dolo dejaron pasar el tiempo para proceder en su contra”.

Álvarez Cibrián destaca que ya la instancia ha aceptado las recomendaciones y algunas se han cumplido con destituciones e inhabilitaciones de funcionarios de primer nivel. No obstante, el señalamiento —al menos en este caso— sigue pesando contra la ex titular, Claudia Corona Marseille: “Tenemos gravísimos pendientes que no hemos podido resolver y uno de ellos es que ni siquiera existe un reglamento interno para el actuar de este consejo”.

Agrega que ya se ha pedido el ejercicio de la acción penal en contra de Corona Marseille, pero que éstos serán asuntos que tanto la Fiscalía General como su Fiscalía Central, a cargo de Luis Carlos Nájera y Rafael Castellanos, respectivamente, habrán de resolver.

Ven avances en El Salto y Juanacatlán

Tras ventilar el “nulo” interés de los ayuntamientos de El Salto y Juanacatlán para atender sus obligaciones en torno a la recuperación del Río Santiago y responder a sus tareas asignadas en la macrorrecomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió en 2009, la actitud de ambos gobiernos municipales comienza a cambiar. Fernando Zambrano Paredes, coordinador de seguimiento a recomendaciones de la Comisión, expone que ya la semana entrante tendrá un diálogo con esas autoridades, que se comprometieron a entregarles expedientes con datos y fotografías que prueben que comenzaron obras para reducir la contaminación del afluente.

“Ellos nos manifestaron que están trabajando y reconocieron que no nos han mandado la suficiente información para que nosotros valoremos y verifiquemos el grado de avance en el cumplimiento de los 78 puntos”.

La propia Comisión realizará visitas a los puntos de mayor nivel de contaminación, a fin de corroborar que la agenda, hasta febrero pasado desatendida a totalidad, finalmente se está cumpliendo. “Habrá puntos que ameritarán que hagamos una inspección (...) Aclarando que somos instituciones de buena fe”.