Trabajadores del Congreso denuncian ''terrorismo laboral''

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUNIO/2010).- El diputado panista José Antonio de la Torre, autor de la propuesta en la Comisión legislativa de Derechos Humanos para acudir a las nuevas oficinas del Congreso del Estado, dijo que corroboró la situación “infrahumana” en la que se encuentran algunos trabajadores que fueron enviados a ese inmueble por la Secretaría General, y que no tienen actividad asignada.

El edificio de siete pisos no cuenta con elevadores, aire acondicionado, ni mobiliario suficiente para realizar labores de oficina. En una de las áreas, en el piso uno, los empleados estaban sentados en el suelo esperando cubrir sus ocho horas que establece el contrato.

“No hacemos nada, tenemos disposición a trabajar, queremos trabajar. Cumplimos con nuestros horarios y teníamos actividades hasta antes de que llegara Carlos Corona, pero ya no nos asignan actividades. Es lamentable ver a tanta gente con buenos currículos impresionantes y por el hecho de ser azules están en el piso”, dijo José Alberto Mariscal, derivado a Formas Valoradas y donde no tiene labor asignada. Antes se desempeñaba como asesor.

El trabajador calificó lo que ocurre en el Congreso como “terrorismo laboral”.  Dentro de este grupo de 40 personas reasignadas al nuevo edificio está una mujer embarazada.

Por su parte, el diputado panista Antonio de la Torre dijo que podrían acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a levantar una queja.

Desaparecen los del piso siete

En lo que respecta al piso siete, lugar al que también fueron asignados 15 empleados, los diputados encontraron escombro y labores de albañilería. Momentos antes, los empleados afirmaron que les ordenaron desalojar ese espacio por la vista de los diputados.

Por eso, el diputado del PRI e integrante de esa Comisión de Derechos Humanos, Jesús Casillas, dijo que no encontró nada irregular en el piso siete y que si hubo empleados en ese lugar, a él no le consta, por lo que consideró que no se violan los derechos humanos de los trabajadores.

El residente de la obra, Antonio Sandoval, explicó que el próximo mes están en condiciones de concluir al 100% los trabajos en el nuevo edificio del Poder Legislativo.

Añadió que comenzaron a trabajar en el inmueble, “que era un cascarón” desde hace un año y medio, y que fueron contratados para pintar, colocar piso, impermeabilizar, poner tubería y en general revestimiento.

Justificó los motivos por los que le pagaron a la empresa Diestro Edificaciones por adelantado:

“Se aplicó el pago por adelantado, sólo en el piso siete porque el piso viene de Estados Unidos y debíamos pagar por adelantado el equipo”.

Sandoval Romero explicó que sólo faltan labores en el piso siete, donde se instala el equipo especial de aire acondicionado y el Sistema de Alimentación Interrumpida (SAI).

Mientras que Alfredo Argüelles, quien se desempeñó como secretario general del Congreso durante la pasada Legislatura, se deslindó de cualquier anomalía en la remodelación del edificio y de pagos adelantados.

Aclaró que él sólo siguió indicaciones de la Comisión de Administración: “Se dio en la última quincena, en la última semana inclusive de la Legislatura, y yo había renunciado a la Secretaría. Ya no me tocó ver las condiciones en que se contrató ni el avance que se haya logrado tener…”.

Argüelles aclaró que durante su gestión como secretario general, autorizó sólo la primera etapa de los trabajos por un monto aproximado de 18 millones de pesos. Se dijo sorprendido que el actual secretario no localice los contratos que se hicieron al respecto, pues durante la entrega-recepción se resguardó la información y no hubo observaciones.

El actual diputado panista dijo que no teme que se haga una auditoría o investigación al respecto.

Por su parte, el secretario general del Congreso, Carlos Corona, aseveró mediante un comunicado que no existe terrorismo laboral en contra de los empleados del Poder Legislativo.

Dijo que para dar certeza jurídica y laboral, se llevan a cabo procesos administrativos y negó que exista una persecución política o partidista contra algunos empleados.

FICHA TÉCNICA

El nuevo edificio

El nuevo edificio del Poder Legislativo, ubicado en la Avenida Juárez casi esquina con la calle Corona, costó cerca de 30 millones de pesos.

La pasada Legislatura aprobó un gasto de 41 millones de pesos para la remodelación.

La remodelación se hizo en dos etapas: la primera aprobada por el entonces secretario general, Alfredo Argüelles; la segunda se hizo cuando éste estaba en periodo de licencia.

Los trabajos de remodelación del piso siete se pagaron por anticipado.

La Comisión de Administración de la actual Legislatura aprobó la compra de dos elevadores a un costo de 132 mil 125 euros, aproximado a dos millones 026 mil pesos.

Los actuales legisladores dieron luz verde el 24 de abril para la compra de una planta de luz por 355 mil 559 pesos.

Fija ultimátum

El coordinador de los diputados del PAN, José María Martínez, pretende fijar un plazo de cinco días a la Secretaría General del Congreso para que reúna la información que demuestre las irregularidades que habría cometido la pasada administración.

El panista considera que es tiempo suficiente para que se den a conocer todas las presuntas anomalías y tomar las decisiones correspondientes. Después de esa fecha, adujo, cualquier información que el secretario general utilice para denostar el trabajo de la pasada Legislatura será meros caprichos.

“La información que llegue después de esos cinco días será caprichosa y ocurrente. Espero que la fracción del PRI pueda determinar de una vez por todas si lo que le interesa es esclarecer alguna situación irregular o aprovechar el asunto para conveniencia política”.

Martínez Martínez dijo que con esta actitud, la fracción mayoritaria del Congreso —la del PRI— sólo denigra la imagen de los diputados.

“Lo único que logran (con estas denuncias escalonadas) es desprestigiar al Poder Legislativo, le abonan más al último grado de confianza que hay sobre los diputados”.

El legislador presentará hoy en el pleno del Congreso un punto de acuerdo para que los legisladores aprueben el plazo de cinco días.