Debo confesar que me resistía a escribir esta columna, me cuesta asumir que la Ley de Amparo, esa que defiende a los ciudadanos frente a las arbitrariedades cometidas por las autoridades, ha sido mermada, por decir lo menos.Hace veinte años cuando estudiaba una Maestría en Madrid, España en más de una ocasión abogados de diversas latitudes al mencionar las legislaciones que protegían a los ciudadanos frente a los actos de la autoridad, ensalzaban la legislación mexicana, señalando que no existía una ley como la nuestra, y confieso, querido lector, que eso me llenaba de orgullo. Que abogados y estudiosos del Derecho pusieran en alto una figura jurídica 100% mexicana frente a abogados de distintas nacionalidades, me confirmaba que en nuestro querido México sabemos hacer bien las cosas.Claro que, en ese momento, se señalaba que lo que no se entendía es que si una ley había sido declarada inconstitucional el beneficio sólo fuera aplicable para el ciudadano que promovía el Amparo, y no para todos los ciudadanos; tiempo después la Ley de Amparo fue reformada y permitió que una vez declarada inconstitucional una norma fuera inaplicable para todos, lo cual protegía a todos los mexicanos.Ahora bien, en la reciente reforma, se modificaron situaciones que vaciaron de contenido al Amparo, regresamos a que el beneficio de interponer un Amparo, aplica sólo a quien lo promueve; a limitar la suspensión de los actos realizados por la autoridad en algunos supuestos, sin considerar que si no se concede la suspensión al momento de interponer el Amparo, de nada sirve que un Tribunal de la razón al ciudadano al final del juicio, si ya no existe o es materialmente imposible regresar las cosas al estado original y en el que debía de conservarse.Lo preocupante es que como ciudadanos hemos visto limitar la posibilidad de defendernos contra actos de autoridad arbitrarios y no hacemos nada para impedirlo, en otros países por menos que esto los ciudadanos se habrían manifestado y la autoridad hubiera dado reversa a sus pretensiones.Las marchas no son la única forma de hacer valer nuestros derechos o nuestra opinión frente a las autoridades, podemos y debemos acercarnos a nuestros representantes en el Congreso y exigirles velen por el bienestar de la ciudadanía, así como demostrar en las urnas nuestro desacuerdo a una política en contra de los ciudadanos, pero ¿Sabemos si los Diputados o Senadores que nos representan votaron a favor o en contra de esta reforma? Como ciudadanos nos falta involucrarnos más en la política.Nuestros Diputados y Senadores deben recordar que fueron elegidos por voto popular, para representar a los ciudadanos, para velar por nuestros intereses y protegernos en todo momento. Esperemos pronto reaccionen y aprueben leyes en beneficio de todos y no sólo de unos cuantos.
