GUADALAJARA, JALISCO (07/ABR/2017).- Pese a que un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señala que Jalisco, junto con otros seis estados, podrían poner en riesgo la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, ante las deficiencias en sus reformas constitucionales y la falta de una ley en la materia, diputados locales aseguran que podrán sacarla a tiempo y sin deficiencias.El presidente de la Mesa Directiva, Ismael del Toro Castro, aseguró que el sistema local quedará listo a tiempo y rechazó que Jalisco represente un riesgo como lo consideró el IMCO.De acuerdo a legisladores, las reformas pendientes y la Ley del Sistema Local Anticorrupción quedarían aprobadas incluso en junio próximo, semanas antes de la fecha límite para su implementación, establecida para el 18 de julio.Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Miguel Ángel Monraz Ibarra, aseguró que se han dado pasos importantes para combatir la impunidad y la corrupción, “desde nuestra visión se están llegando a acuerdos que nos permitan antes del mes de julio tener las reformas constitucionales complementarias y las reformas secundarias que le den vida y forma (al SLA)”. Con estas modificaciones, dijo, se le dará herramientas a los distintos organismos, no solamente para supervisar, vigilar y evaluar el combate a la corrupción, sino para contar con sanciones ejemplares.MUCHO TRABAJO Y POCO TIEMPO PARA HACERLOEl Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) da un avance de 55% a Jalisco en la aplicación del Sistema Local Anticorrupción. Sin embargo, destaca que lo que se ha hecho hasta el momento tiene muchas deficiencias.Lo que ya está aprobado• Nace el Sistema Local Anticorrupción, con dos comités: el coordinador donde se integran las autoridades vinculadas en la materia y otro de participación ciudadana.• Se incorpora el delito de enriquecimiento ilícito como sujeto al procedimiento de extinción de dominio.• La obligación de los servidores públicos para presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses (3de3).• Se incorpora la figura de un fiscal especial encargado de perseguir delitos relacionados con actos de corrupción.• Se establece la obligación de crear órganos internos de control para entidades estatales y municipales.
