Seguridad de asentamientos indígenas, luego de su regulación

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUN/2013).- La vigilancia y procuración de seguridad para las familias indígenas, que se dedican a la fabricación de muebles de madera y que viven asentadas en carpas improvisadas, será posible toda vez que se logre su regulación, explica Juan José Larios Vázquez, jefe de la Unidad Departamental de Inspección a Mercados y Comercio en Espacios Abiertos, del Ayuntamiento tapatío.
 
En Guadalajara se tienen identificados dos asentamientos, de 65 y 50 establecimientos cada uno, y de una antigüedad de más de 25 años; ellos y el resto de negocios de este tipo que no han sido registrados por el Ayuntamiento son "tolerados", por su calidad de grupos indígenas; es decir, que no cuentan con permiso explícito para vivir en esos espacios -públicos- o para vender sus productos.
 
"Primero tenemos que ver que se regulen y de ahí depende que se hagan otros trámites, de protección, de que no se roben la luz. Nosotros como municipio los exhortamos para que mejoren sus viviendas y negocios".
 
El común denominador de estas familias es que son purépechas, provienen de comunidades cercanas a Paracho, Michoacán y se instalan en terrenos, o al filo de avenidas y carreteras, para vender los muebles que ellos mismos fabrican. Sus viviendas sirven también de taller y negocio, y están construidas con lonas, madera y otros materiales. Servicios como luz y agua los consiguen de lugares contiguos, y los riesgos que corren son por la calidad improvisada de sus casas, por los productos inflamables que abundan y las instalaciones eléctricas sin los requerimientos necesarios.
 
Si bien hay cierta tolerancia para que vivan donde se han asentado, también es cierto que el municipio no deja pasar la falta de permisos para vender y aplica infracciones. Larios Vázquez confirma que se les decomisa mercancía y les dan un plazo para que paguen su multa, la misma sanción que se aplica a los comerciantes ambulantes.
 
Los operativos están próximos, asegura el funcionario, se trata de ir a inspeccionar las zonas, en conjunto con otras dependencias, para lograr la regulación de estos grupos, y como consecuencia, el incremento a la seguridad de sus establecimientos. Después se buscarán otros asentamientos de este tipo para seguir el mismo procedimiento, aunque una fecha concreta todavía no hay.
 
"Se les ha exhortado a que saquen un permiso municipal, pero la situación es que como ya tienen antigüedad desde hace muchos años ahí, el municipio no ha visto mal que estén ahí, pero sí hemos buscado el mecanismo de que se regulen".
 
El intento de regularización se busca a través de los líderes de los grupos, pero siempre y cuando se cumplan requisitos para ello, es decir, no se les podrá conceder permiso para instalarse en cualquier sitio público, si no es propicio.
 
Un ejemplo de ordenamiento es el asentamiento registrado con 65 establecimientos, ubicado en la calle Esteban Alatorre, en el oriente de la ciudad, donde en 2006 las autoridades les construyeron fincas a fin de que tuvieran un lugar establecido.

Ignoran autoridades a grupos indígenas en la ciudad

No existe un interés de parte de las autoridades por regular los asentamientos indígenas en la ciudad, y mucho menos de reconocerlos tras cuatro generaciones radicando en la Zona Metropolitana de Guadalajara; asegura el antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Francisco Talavera Durón.
 
El también profesor de la Licenciatura en Antropología de la Universidad de Guadalajara, afirma que desde la llegada de las familias indígenas a la ciudad nunca hubo una política pública para protegerlas. A pesar de que representen a 12 etnias, no se ha hecho caso a sus tres demandas básicas: vivienda, trabajo y salud.
 
"Me preocupa escuchar de autoridades que la atención a los indígenas va a ser prioridad, y que inicialmente se atenderá a los huicholes y los nahuas; ya que es una visión sesgada, por ello se ve a los indígenas urbanos como si hubieran venido a invadir la ciudad". Agrega que hay una política muy dura contra el comercio informal indígena y no hay una propuesta alterna para regularlo.
 
En el caso de los vendedores de muebles, menciona que son presionados por los inspectores que no entienden la complejidad de tener una casa y un taller. El profesor explica que los "muebleros" están en una situación mucho menos vulnerable que otros indígenas.
 
Proyectos fallidos
 
El antropólogo destaca la reubicación momentánea durante los Juegos Panamericanos de 2011 como uno de los programas que pudieron solucionar las diferencias entre las autoridades y las etnias que radican en la Zona Metropolitana: "Este programa les permitió vender de manera legal sus mercancías con productos artesanales"; sin embargo,  Talavera Turón lamenta que no fuera un proyecto más extenso.
 
Otro de los planes fue la apertura de un mercado indígena frente del parque González Gallo, pero "este proyecto no prosperó por la falta de sensibilidad de las autoridades municipales y estatales, se sigue creyendo que las comunidades indígenas están en un rezago".
 
Durante el gobierno de Emilio González Márquez se anunció la construcción de la ciudad de las etnias, un conjunto habitacional donde los indígenas tendrían casas propias, y tampoco prosperó porque "no se manejaron de manera clara los mecanismos para brindarles la vivienda".
 
Secretaría de Desarrollo Social, en la delegación estatal, brindó microcréditos a los indígenas para que compraran materia prima, y al mismo tiempo otras dependencias les decomisaban las mercancías.
 
El entrevistado explica que la expansión de los grupos étnicos ahora se centra en el valle de Tlajomulco donde llegan a una situación vulnerable "ya que ocupan casas rentadas por personas que no son dueños (de las mismas)".

EL INFORMADOR / ALEJANDRA PEDROZA / SAÚL PRIETO