Sector campesino respalda a habitantes de Tenacatita

GUADALAJARA, JALISCO (17/AGO/2010).- Debido a que el Gobierno del Estado incurrió “en un abuso de la fuerza pública al no respetar títulos de propiedad a favor de posesionarios de tierras en Tenacatita”, en la Costa Sur de Jalisco, el sector campesino respaldó la manifestación realizada ayer por un grupo de habitantes de la zona en el Centro tapatío.

Al respecto, el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina ( CNC), Gabriel Ponce Miranda, refirió que la actuación del Gobierno de Jalisco ha sido lamentable, y manda señales muy negativas para pobladores de la Costa jalisciense, que están ubicados cerca de otros sitios donde se pretenden realizar inversiones inmobiliarias.

El dirigente puntualizó que el Gobierno del Estado en los hechos no respetó documentos legales de los afectados por el desalojo, que implica a 200 familias, dado que estos títulos tienen el aval del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), realizado por el INEGI y la Procuraduría Agraria, dos dependencias federales involucradas en tal programa.

Hizo mención de que ahora se tienen señales negativas de afectación de tierras ejidales de varias comunidades costeras, sin que se respeten los derechos legales de sus posesionarios, como pudiera ocurrir en los municipios de La Huerta, Tomatlán y Cabo Corrientes, donde hay intereses empresariales de privatizar  tierras ejidales y de comunidades agrarias.     

Asimismo, el líder cenecista resaltó  que el desalojo en Tenacatita remite al reto de dar certidumbre a la tenencia de la tierra del sector social, dado que la Procuraduría Agraria, “más que orientar a los campesinos sobre sus propiedades, ha funcionado como un agente de ventas a favor de empresarios particulares”.

El legislador local reconoció que el actual marco jurídico del Artículo 27 (reformado en la presidencia de Carlos de Salinas de Gortari con apoyo de la CNC) presenta contracciones que hacen vulnerable a los propietarios de tierras del sector social, como en lo relacionado con los terrenos de uso común, “los que deberían ser inembargables y enajenables”, pero por ciertas lagunas jurídicas se prestan para su comercialización con la determinación de las asambleas de los núcleos agrarios.

Durante la manifestación, Ponce Miranda dialogó junto con otros quejosos con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.

Empresa asegura tener argumentos legales

Por su parte, la empresa “Inmobiliaria Rodenas” alega tener un fallo a su favor en una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN), que le avala certidumbre jurídica en el predio de El Rebalse, en la bahía de Tenacatita. Por lo mismo, dice tener a su favor los argumentos legales para ocupar el predio de 800 mil metros cuadrados en el que recientemente se hizo un desalojo de parte de elementos de la fuerza pública del Gobierno de Jalisco “con pleno apego a derecho”.

Así lo comunicó el apoderado legal y socio de la empresa, José María Andrés Villalobos, quien refirió que la sentencia ejecutoria de la Corte se dio en el juicio de garantías 1569/72, lo que supone que ya pasaron “38 años de una determinación que revela que la justicia en este país avanza de manera muy lenta y que el reciente desalojo por fin hizo cumplir tal sentencia”.

Detalló que el anterior expediente fue confirmado en sus aspectos legales que dan la razón a “Inmobiliaria Rodenas”, en la toca de revisión 215/2000 del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado.

Andrés Villalobos también puntualizó que se ha informado con falsedad “que se impide el acceso a la playa, dado que esto no es cierto, porque todo el lindero Poniente está abierto y, por lo mismo, hay entrada al mar”.

El entrevistado también expuso que su empresa tiene a favor la concesión para el uso y aprovechamiento de la zona federal del terreno colindante, lo que se establece en el expediente DZF846/92, aunque tales trámites fueron iniciados desde abril de 1969.

Para saber

El pasado 4 de agosto habitantes de Tenacatita fueron desalojados por elementos de la Dirección Estatal de Seguridad Pública. Se habla de alrededor de 800 personas afectadas por estas acciones.