Rezaga justicia reparto de magistrados

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2014).- “El sistema con el que se elige a los magistrados ha sido rebasado por la realidad. Ya están obsoletos los criterios. Básicamente es un reparto de cuotas entre partidos políticos que no abona a la profesionalización del Poder Judicial: con que envejezcas 10 años y tengas un título de abogado, con eso puedes ser magistrado”, señala Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la UdeG.

En Jalisco, los magistrados son electos por el Congreso y los requisitos para ser designado son: tener título de abogado, 10 años de experiencia y al menos 35 años cumplidos. Solamente en esta Legislatura, se han ratificado o elegido a todos los miembros del Tribunal de lo Administrativo del Estado —de los cuales dos son nuevos, pero hay una suspensión que les impide juramentar el cargo— y a cinco magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

Los datos a nivel estatal muestran que el Poder Judicial no es capaz de responder a la demanda por justicia de la sociedad. Según los datos que otorga el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de su Censo de Impartición de Justicia Estatal, el número de sentencias (condenatorias y absolutorias) pasó de nueve mil 599 en 2009 a nueve mil 924 en 2012, lo que implica un crecimiento muy pequeño de 3.3% en cuatro años.

Según la Encuesta de Victimización de 2013, la tasa en este rubro en Jalisco pasó de 29 mil 351 a más de 49 mil por cada 100 mil habitantes. Esto quiere decir que mientras los delitos crecen en términos absolutos y que la tasa de no denuncia en Jalisco es la cuarta más alta del país al superar 80%, los procesos que llegan a sentencia se mantienen prácticamente igual desde 2009. Eso sí, ocho de cada 10 procesos iniciados en averiguación previa culminan con la culpabilidad del acusado.

Y no es un tema sólo de recursos. De 2009 a 2012, la Procuraduría del Estado (hoy la Fiscalía General) vio crecer su presupuesto de mil 21 millones a mil 415 millones de pesos. Un incremento nada despreciable de 40 por ciento. En el caso del Poder Judicial, el incremento pasó de 793 millones de pesos a 919 millones, un aumento de 24 por ciento.

En este sentido, para Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en seguridad pública del ITESO, aunque en teoría el método para elegir a los magistrados responde a la división de poderes y a los contrapesos institucionales, en la práctica no se dan los mejores resultados. “Diría que sí (las cuotas impactan a la eficacia de la justicia) ya que llegan los perfiles más partidizados, porque muchas veces la dinámica entre partidos lleva a que estos veten a las primeras opciones de otros partidos y quedan los segundos que no cumplen con el perfil”.