Recomiendan legisladores sanción a quienes otorgaron bono a auditor

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2011).- El dictamen que presentará este lunes el presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso, Carlos Briseño, para su análisis y discusión presenta dos puntos respecto a pagos realizados al titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.

El primer punto propone al pleno del Congreso que “se deslinden responsabilidades y se inicien procedimientos en contra de los servidores públicos que resulten responsables por la autorización, refrendo y recepción de pagos hechos al auditor”.

En un segundo punto, el dictamen de la Comisión de Responsabilidades que concreta a petición del pleno del Congreso propone que se instruya al secretario general del Congreso (Manuel Correa Ceseña) para que presente denuncias penales, de juicio político en contra de quienes resulten responsables por el extravío, robo y distracción del patrimonio del Congreso dentro del cual se consideran los archivos y documentos de este poder, se lee.

En ninguno de los dos puntos se especifican nombres ni cargos de quienes habrían cometido las irregularidades; no obstante, los responsables de las finanzas y cuestiones administrativas, sería quienes ocuparon los cargos los secretarios de secretario General de Gobierno e integrantes de la Comisión de Administración de las pasadas Legislaturas.

Y si bien en el cuerpo del dictamen establece que el pago habría sido ilegal, al proponer a quien se debe sancionar no se incluye el nombre, ni el cargo del auditor.

Cuestionado al respecto, el presidente de la Comisión de Responsabilidades, Carlos Briseño señaló que “se encontró un pago a auditor, algunos acuerdos no están encontrados, derivado de la falta de documentos no podemos fincar ninguna responsabilidad”.

“La recomendación al pleno es que presenten denuncias para esclarecer el tema, tenemos indicios de que los documentos existieron, queremos saber qué pasó con ellos o quién los tiene”, señaló.

Briseño Becerra consideró que una vez que se apruebe o deseche este dictamen en la comisión legislativa que preside habrá concluido otra etapa en la investigación.

“Este dictamen es trascendental porque una vez resuelto podremos entrar al tema de fondo”, consideró.

El dictamen se prevé que sea presentado para su discusión el próximo lunes.

“Recibimos copias simples que evidencian información con relación a la posible responsabilidad del auditor por recibir dinero por concepto de pagos extraordinarios, no se ha podido sustentar la existencia de documentos, acuerdos o decreto donde se autorizan los mismos (pagos) por lo que se deriva en una responsabilidad no solo para quien recibió, si no para quien autorizó y refrendaron dichos pagos y podrían ser sujetos de responsabilidad en materia penal, administrativa o político”.

En el dictamen, se concluye además que “la investigación realizada arroja indicios para señalar la mala administración de recursos públicos, malversación de fondos y extravío de documentos".

El análisis que se llevó a cabo por el diputado Carlos Briseño advierte que no existen originales de los pagos ordinarios que habría recibido el auditor por un monto superior a los 10.7 millones de pesos, además añade una lista de otros funcionarios del Congreso del Estado que también habrían recibido recursos extraordinarios.

“La inexistencia de los documentos originales, se desprende una posible responsabilidad para quienes tuvieron bajo su potestad el resguardo y archivo los documentos, en este caso quien fungió como secretario General del Congreso –no menciona el nombre, era Alfredo Argüelles- y a quien se le hizo la entrega recepción de dicho documento –Carlos Corona-“.

En este tenor, el dictamen de la Comisión señala que “en relación al auditor, las percepciones ordinarias las recibió por concepto de salario integral y no se desprende responsabilidad”

No obstante, advierte que se encontraron documentos en los que se advierte que el auditor recibió pagos extraordinarios por un total de 10 millones 784 mil pesos, remuneración que dice el dictamen, recibió de parte de la Junta de Coordinación Política”, sin embargo no existe evidencia que existieran los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y para haber sido legales, debieron de haber pasado por el pleno del Poder Legislativo, presumimos que no sucedió porque no se encuentran antecedentes en los archivos”, se lee en el documento.

En el texto refiere además que existe constancia de una transferencia por 30 millones de pesos para la Auditoría Superior del Estado que habrían salido de la partida 3827, señala que existe constancia que existió acuerdo por parte de la Comisión de Administración para avalar este pago, pero señala que el acuerdo nunca se votó en el pleno.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ