Rechazan dar más facultades a García Manzano en Pensiones

GUADALAJARA, JALISCO.- El secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez y el presidente del Consejo de Administración de Pensiones del Estado, Óscar García Manzano, se reunieron con los coordinadores parlamentarios de las fracciones del PAN, PRI, PRD, Panal y Partido Verde, del Congreso estatal.

La reunión, que se prolongó por más de tres horas, tuvo como finalidad explicar el proyecto de reforma a la Ley de Pensiones ante los legisladores. En este sentido, los diputados consideraron que el encuentro “se llevó a cabo en buenos términos y sirvió para despejar dudas”.

No obstante, reiteraron que realizarán adecuaciones al documento enviado por el gobernador del Estado.

El coordinador de los diputados de Acción Nacional, Jorge Salinas Osornio, expuso que persiste la negativa a permitir que el cargo de presidente del Consejo Directivo –que actualmente ocupa García Manzano– tenga tantas facultades, incluso por encima de las responsabilidades que recaen sobre el director de Pensiones, Ignacio Novoa.

“Debemos precisar y detallar las facultades que tiene el presidente del Consejo. Discutimos el tema y estarán limitadas las facultades (del presidente del Consejo Directivo) lo platicamos y se va a cuidar la redacción”.

Otro tema que genera preocupación es el referente al rescate financiero de los trabajadores de los Hospitales Civiles con derecho a pensión y jubilación.

“En el tema de los Hospitales Civiles, el coordinador de los diputados del PRD (Samuel Romero Valle) estima que se debe aprobar el acuerdo primero (que otorga recursos estatales a los Hospitales Civiles) antes de aprobar la reforma; Pensiones considera que primero se debe dar la aprobación de la reforma y luego se da luz verde al acuerdo”, anotó Salinas Osornio.

Sin embargo, el panista afirmó que el presidente del Consejo, Óscar García Manzano, expuso durante la reunión que ya existe un “acuerdo interno entre Pensiones y la Universidad de Guadalajara”, para que avance la iniciativa de Ley de Pensiones, por lo que Samuel Romero se comprometió a analizar el tema.

Los diputados sostendrán una nueva reunión el próximo 10 de noviembre. La intención es que la reforma integral propuesta por el Poder Ejecutivo sea aprobada en el pleno del Congreso a más tardar el 15 de noviembre, con la finalidad de hacer adecuaciones en el proyecto presupuestal 2010.

De acuerdo con estimaciones del coordinador parlamentario panista, si se aprueba la reforma a la Ley de Pensiones, se reflejará en el presupuesto 2010 con mil millones de pesos extras, para destinarse a lo que sería el Instituto de Pensiones.

En este sentido, el coordinador de los diputados del PRI, Juan Carlos Castellanos, anotó que al explicar la situación de Pensiones del Estado, se dijo ante los legisladores que trabajadores de otras dependencias estatales también presentan problemas financieros para hacer frente al tema de jubilaciones y pensiones, entre las que se mencionaron en la reunión están los empleados del sindicato del SIAPA, del Poder Judicial o la Policía de Zapopan.

“Hablamos de la reforma a la Ley de Pensiones; la problemática que existe en Pensiones y los problemas a futuro si no se hacen modificaciones a la Ley. Hicimos agenda para revisar los temas; habrá observaciones para sacar consensos con todos las fracciones parlamentarias”.

Los coordinadores parlamentarios coincidieron que en términos generales la Ley es buena, pero se deben realizar adecuaciones en la parte jurídica y administrativa propuesta por el gobernador.

¿Qué dice la Ley?

En el documento enviado por el gobernador sólo se menciona el tema de los Hospitales Civiles en la exposición de motivos, sin incluir algún apartado que determine una solución inmediata para los trabajadores de los nosocomios. Tampoco expone en sus artículos transitorios la posibilidad de incorporar el acuerdo enviado hace cerca de un mes en que el Estado aportaría durante una década, 125 millones de pesos anuales para completar el dinero faltante para los Hospitales Civiles.

En la exposición de motivos de “La Iniciativa de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco”, en el último punto, el VIII establece que “el nuevo esquema de aportaciones establecido en la Ley que ahora se propone dará solución a la problemática en la que se encuentran diversos organismos públicos como el Hospital Civil de Guadalajara, respecto a las prestaciones de seguridad social de sus servidores públicos, de conformidad con los acuerdos establecidos”.

Los diputados manifiestan oposición en lo que se refiere a la gran cantidad de atribuciones que se otorgan al presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado –el cargo de García Manzano–.

Sin embargo, la Ley es muy clara y en su artículo 151 establece que el Consejo Directivo tiene dos representantes del Gobierno del Estado, uno de ellos fungirá como presidente del Consejo, quien tendrá voto de calidad en caso de empate.

“El presidente tendrá la más amplia representación legal del Consejo Directivo en todo tipo de litigios y controversias ante autoridades judiciales y administrativas (…)”.

Pero también establece en su artículo 153, como atribuciones del Consejo Directivo, aprobar la estructura orgánica del Instituto, aprobar los planes y programas del Instituto de Pensiones, establecer y aprobar criterios sobre inversiones de los fondos de aportaciones, administrar los bienes y los negocios del Instituto de Pensiones, decidir sobre la adquisición y enajenación del patrimonio de Pensiones, aprobar presupuesto de egresos e ingresos, examinar, discutir y aprobar los estados financieros del Instituto, etc.

Bajo esta premisa, los legisladores estiman que son muchas las facultades que dejan sobre el presidente del Consejo Directivo, mientras que al director general de Pensiones –cargo actualmente ocupado por Ignacio Novoa–, lo dejan como integrante del Consejo Directivo, sólo con derecho a voz pero no a voto, en las decisiones que se tomen, mientras que le restan facultades y lo dejan, según lo establece la propuesta del Poder Ejecutivo, sólo para ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo, presentar mensualmente un informe de la situación financiera del organismo, proponer las políticas de operación del Instituto, informar de los nombramientos al Consejo, proporcionar documentos e informes que requiera el Consejo, entre otras funciones.

Es una ley punitiva

En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo expone la necesidad de establecer sanciones para aquellos que falseen información para obtener beneficios como pensionados de entidades estatales, municipales o de otros organismos.

En los artículos 167 y 168 de la Ley de Pensiones, se indica que “quienes obtengan del Instituto, así sean funcionarios de entidades públicas pensionados o beneficiarios, mediante el engaño o aprovechamiento del error para sí o para otro en efectivo o especie, prestaciones a las que no tengan derecho, serán denunciados conforme a lo dispuesto por el Código Penal equiparándose a fraude genérico”.

Auto de lujo... oficial

Llamó la atención que el presidente del Consejo de Administración de Pensiones, (que actualmente es un cargo honorífico) Óscar García Manzano –a pesar de que ya no funge como secretario estatal de Finanzas– arribó al lugar de la reunión en un automóvil deportivo, modelo Mercedes Benz con placas oficiales. Esto ocurre a unos días de la declaración del gobernador del Estado, Emilio González Márquez, quien afirmó que implementará medidas de austeridad y en caso de ser necesario, reducirá el número de vehículos oficiales para aquellos trabajadores que no requieran contar con un auto.