Proponen ruta para modificar estrategia contra el narcotráfico

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2012).- Compartir la responsabilidad del combate al narcotráfico entre la Federación y los gobiernos locales, para regionalizar la estrategia y permear en el mercado de manera más efectiva, es una de las nueve acciones que plantean especialistas en el libro Informe Jalisco: Más allá de la guerra de las drogas, elaborado por el periodista Héctor Aguilar Camín y seis coautores, en colaboración con el Gobierno de Jalisco.

Luego de presentar el panorama estatal y nacional actual en torno a esta problemática, el documento supone un camino a seguir para controlar el tráfico de drogas en el país.

La primera propuesta antes descrita fue defendida por sus autores con la crítica de que, al ser la posesión de drogas un delito de fuero federal, existe una descoordinación “absoluta” entre la acción policial federal y local, perdiendo así la oportunidad de que los municipales actúen sobre las prácticas que ampliamente conocen en su región, pero que la ley le imposibilita combatir.

La segunda acción que urgen a considerar en el combate a las drogas es mejorar la información sobre seguridad. Gastos, denuncias, calidad en la atención a las víctimas, bases de datos sobre los sistemas penitenciarios, entre otros, son indicadores que los especialistas piden medir y actualizar para no tomar decisiones “a ciegas”.

La tercera y más polémica es que el país se abra al debate de la legalización. Para Aguilar Camín, esta palabra debe entenderse como “regulación” y no como “descontrol”, ya que la propuesta versa sobre permitir su consumo para comenzar a darle el trato adecuado a cada actor de la cadena del narcotráfico: el usuario —para que reciba tratamiento— y el vendedor —para que reporte sus ganancias y limite sus áreas de venta—.

“Un problema de adicciones se convirtió en uno de policías y ladrones. Se necesita un cambio de paradigma: concebir las drogas como un problema de adicciones y no de delincuencia”, considera el coautor Dante Haro.

De la mano van las propuestas de acercar a México a mejores prácticas internacionales del consenso prohibicionista de las drogas y despenalizar el consumo de narcóticos. Además, plantean reducir la violencia en el combate al narcotráfico y centrar los esfuerzos es la prevención del consumo.

Para ello, los autores urgen a elaborar un cuadro de drogas prohibidas y cómo se debería regular el consumo de cada una por sus características. Las prioridades que deberían guiar la política antidrogas en el país, afirman, son incrementar la prevención del consumo, encender focos rojos en las poblaciones más vulnerables, establecer mecanismos de detección temprana de uso de narcóticos y reformar la Ley General de Salud.

“Hacer todo esto puede llevar a México, a su Gobierno y a su sociedad, sin salir del consenso prohibicionista, más allá de la guerra contra las drogas”, prevé el documento.

Sin embargo, pese a las recomendaciones por la legalización, una encuesta ciudadana publicada en el libro indica que 82% de los mexicanos se opone a que el Estado permita la producción de algunas drogas, y 81% está en desacuerdo en que se permita su consumo. Sobre la permisión de poseer una cantidad limitada de drogas y su comercialización, 83% se pronunció en contra, lo que demuestra que uno de los retos es que la opinión pública conozca los alcances de dichas propuestas para que las discuta, y no se cierre a éstas sólo con escuchar “legalización”.