Presentan iniciativa de ley de Prevención de Adicciones

GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2011).- El diputado y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado, Héctor Álvarez Contreras, presentó este miércoles en rueda de prensa, su iniciativa de ley de Prevención de Adicciones, misma que aseguró generará un sistema integral de prevención, que se regirá con principios fundamentales de accesibilidad, calidad, evaluación continua, promoción activa y coordinación interinstitucional.

El legislador destacó que tras 10 años de participar de manera personal en programas exitosos de prevención y rehabilitación de adictos, así como sostener pláticas con más de 123 mil adolescentes, estudiantes de secundaria, maestros y padres de familia, finalmente presentará la iniciativa de ley ante el Pleno del Congreso de Jalisco durante la próxima sesión.

“El problema del narcotráfico no podrá ser frenado sino se implementan programas estratégicos de prevención de adicciones desde las escuelas. Si se logra desactivar el potencial mercado de futuros consumidores, entonces tendríamos más posibilidades de ganar la guerra contra el narcotráfico y sus consecuencias”, explicó.

La iniciativa de ley busca fomentar la sana convivencia en el entorno familiar y social, además de que priorizará las políticas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en Jalisco. En materia de prevención, la nueva ley obligará a los gobiernos estatal y municipales, a fomentar y desarrollar toda clase de programas.

También prevé reformas a artículos 85 y 130 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, mismas que consisten entre otras cosas, en crear un órgano desconcentrado denominado Instituto de Prevención de Adicciones, incluir en la jurisdicción de la Secretaría de Salud, la nueva ley, apoyar a preliberados que hayan consumido sustancias adictivas y armonizar los centros de tratamiento de adicciones con la Norma Oficial Mexicana.

Un punto importante que se contempla en el documento, son las sanciones que se establecerán por las violaciones que realicen los servidores públicos, centros privados o sociales, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponda.

Serán sanciones aplicadas por la Secretaría de Salud (SSJ), de 50 a 100 días, por acciones u omisiones administrativas que no pongan en peligro la vida; de 100 a 200 días, cuando exista daño simple a la salud o a la integridad de la persona; y de 200 a 500 días, por poner en riesgo la vida, integridad física y mental de los beneficiados.

En la actualidad únicamente cinco estados de la República cuentan con esta ley: Sonora, Chihuahua, Yucatán, San Luis Potosí y Colima.

EL INFORMADOR/LILIANA NAVARRO