Martes, 05 de Marzo 2024
Jalisco | Responsabilizan de presunto desfalco a Enrique Aubry y a Raúl Vargas

Presenta MC denuncia por caso López Castro

Responsabilizan de presunto desfalco a Enrique Aubry y a Raúl Vargas, quienes fueron presidentes del Congreso del Estado y de la Comisión de Administración

Por: NTX

El actual diputado federal, Enrique Aubry, es uno de los señalados por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. ARCHIVO /

El actual diputado federal, Enrique Aubry, es uno de los señalados por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. ARCHIVO /

GUADALAJARA, JALISCO (28/ENE/2013).- Los cinco diputados integrantes de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron una denuncia en contra del actual diputado federal, Enrique Aubry y del ex legislador, Raúl Vargas, quienes durante la pasada legislatura desempeñaron los cargos de presidente del Congreso y de la Comisión de Administración.

"Presentamos una denuncia penal en contra de ex funcionarios del Congreso, quienes provocaron por acción u omisión, el conflicto jurídico con la Consultora López Castro al cometer los delitos de desvío de recursos, y aprovechamiento indebido de facultades", expuso el líder de los diputados de MC quien mencionó los nombres del actual diputado federal, Enrique Aubry y del ex legislador Raúl Vargas, aunque reconoció que las investigaciones podrían concluir que otros funcionarios y legisladores podrían ser señalados.

Los actuales legisladores consideran que ambos son responsables de  un desfalco al Poder Legislativo por 58 millones de pesos; la denuncia también alcanza a la Consultora López Castro por considerar que está involucrado en un fraude.

"La denuncia señala el delito de fraude en el que se menciona a la empresa Consultora López Castro y Compañía por cometer delitos en perjuicio del patrimonio del Congreso, simulando actos jurídicos para obtener ventajas a costa del erario", expuso el líder de MC en el Congreso.

Los cinco legisladores acudieron a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Jalisco para presentar la denuncia con la que pretenden que los responsables del presunto desfalco financiero y del presunto fraude se responsabilicen.

El líder de los legisladores de MC, consideró que la defensa de la dirección jurídica del Congreso es errónea, por lo que estimó se la actual Legislatura sí debe pagar el recurso que instruye un juez federal, pero que ese dinero debe ser reintegrado a las arcas del Poder Legislativo por los responsables del presunto desfalco.

"La irresponsabilidad, la ineptitud y la falta de compromiso de quienes administraron el Congreso durante las dos legislaturas anteriores, arrinconó al Poder Legislativo en un proceso judicial insostenible, pusieron en entredicho a la institución y comprometieron el interés público para beneficiar a un tercero", expuso Clemente Castañeda.

Los hechos

1.- A principios del año 2010 la consultora López Castro demandó al Congreso del Estado, reclamando el pago de 42 millones 386 mil 521 pesos, así como de los intereses moratorios por el 5% mensual, argumentando que  en marzo de 2009 la Comisión de Administración y el Secretario General, Alfredo Argüelles de la LVIII Legislatura avalaron un contrato de prestación de servicios con la consultora López Castro, mismo que nunca se liquidó.

2.- El 14 de enero de 2010, el Congreso reconoció el adeudo con la Consultora, y el día 27 del mismo mes, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo confirmó el adeudo y expresó la imposibilidad de pago por ser cierre de administración, pero aseguró que sería liquidado con el Presupuesto que se aprobara para ese año.

3.- A través del juicio mercantil presentado por la consultora López Castro, fueron emplazados durante la LIX Legislatura: la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Administración, el Director Jurídico y el Secretario General, todos por tener la representación legal del Congreso.

4.- Una vez emplazado el Congreso, comparecieron, el 19 de mayo de 2010, el primer Secretario General de la LIX Legislatura, Carlos Corona, los integrantes de la Comisión de Administración: Raúl Vargas, Omar Hernández, Enrique Aubry e Isaías Cortés, y los miembros de la Mesa Directiva del Congreso: el mismo Enrique Aubry, Patricia Retamoza y Gustavo Macías.

5.- Diputados de la LIX Legislatura presentaron recursos de apelación contra el auto que admitía la demanda, alegando que el proceso mercantil era improcedente y que la naturaleza del litigio era administrativa, por lo que sostuvieron que la instancia competente era el TAE.

6.- El 28 de mayo de 2010 la Mesa Directiva del Congreso solicitó al Tribunal Administrativo del Estado documentos para presentar una nueva demanda, mismas que le fueron entregadas el 1 de junio.

7.- Posteriormente, la Comisión de Administración y la Mesa Directiva contestaron la demanda y contra-demandan a la Consultora López Castro, pero el Secretario General y el Director Jurídico únicamente atendieron una parte de las demandas, por lo que presuntamente se evidencia una incongruencia y falta de coordinación en la estrategia jurídica del Congreso.

8.- El 22 de marzo de 2011 se firma un convenio judicial dando por terminado el juicio de manera voluntaria, actuando por parte del Congreso del Estado, la Mesa Directiva y la Comisión de Administración, cuyos presidentes eran Enrique Aubry y Raúl Vargas, respectivamente.

Con este convenio renunciaron definitivamente a continuar la estrategia jurídica porque no esperaron a conocer el fallo definitivo que estaba por emitir el juez mercantil.

9.- Ante esta situación, se formularon diversos requerimientos para que el Congreso cumpliera con el convenio judicial ya elevado a sentencia. El Congreso argumentó no poder cumplir por falta de recursos, pero nunca cuestionó el mencionado convenio judicial que atentaba contras los intereses del Poder Legislativo.

10.- El 28 de octubre de 2011 se admite la demanda de amparo propuesta por la Consultora López Castro ante la imposibilidad de lograr que el juez mercantil realice el efectivo cumplimiento del convenio judicial.

EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ

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