Policías de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, en la mira del IMSS

GUADALAJARA, JALISCO (15/OCT/2010).- Durante los últimos días de agosto pasado un representante de la Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ulises Serrano Jiménez, jefe de la División de Investigación e Integración Documental, se hizo presente en las Policías de la metrópoli para notificarles el interés de esa instancia nacional por desarticular el tráfico ilegal de las incapacidades médicas al que recurren los oficiales para ausentarse de sus labores.

En la indagatoria que emprendió esta Coordinación de Investigación, y que comprende a las corporaciones de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, no se ha excluido a la Delegación Jalisco del IMSS, por el contrario, se han integrado algunas de sus áreas, particularmente su Jefatura de Servicios Jurídicos, a la que le correspondió instruir la realización de un cotejo entre el listado de los miles de certificados que han sido obtenidos por los elementos de estas Policías con las bases de datos y registros informáticos internos del Instituto, para verificar su autenticidad (el Sistema de Subsidios y Ayudas de la Coordinación de Prestaciones Económicas, uno de estos).
 
Los números de folio de las incapacidades serán contrastados, además, con las notificaciones que se han emitido en las clínicas del IMSS locales, sobre los blocks de estos formatos extraviados o sustraídos de sus instalaciones, los cuales son utilizados por oficiales para la falsificación de los justificantes, como se confirmó propiamente en el municipio de Tlaquepaque (EL INFORMADOR 4/10/2010).

La Coordinación de Investigación prevé la configuración de una defraudación para el IMSS cuando los ayuntamientos, de conformidad con la modalidad 38 (y la legislación vigente, según el Departamento de Supervisión de Afiliación y Vigencia de Derechos) bajo la que están inscritos sus policías, deben aplicar descuentos al pago de las cuotas patronales motivados por las miles de faltas “justificadas” con las incapacidades, mismas que estarían surgiendo, en su mayoría, del tráfico ilegal por el que se pueden comprar estos certificados. 
 
Fue el 26 de agosto pasado cuando se dio el primer encuentro formal entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara con la Coordinación de Investigación nacional, la segunda instancia federal (la primera fue la Secretaría de la Función Pública) que se suma al esclarecimiento de esta problemática.

En esa fecha ambas instancias (el municipio y la Coordinación) llegaron al acuerdo para avanzar, de manera coordinada, en la indagación del tráfico ilegal de los certificados, cuya existencia han denunciado los propios policías tapatíos, así como la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque. Para ello, requerían compartir información.

Cinco días después de dicha reunión en las instalaciones de la Policía de Guadalajara, la Dirección Jurídica de esta dependencia municipal hizo llegar a la Coordinación de Investigación del IMSS la documentación y los resultados que ha obtenido de sus revisiones al interior de la corporación, los que fueron remitidos a sus oficinas de la Ciudad de México, como consta en el oficio DJ/393/2010, del 31 de agosto.

El titular de la Dirección Jurídica de la Policía, José Luis Quiroz González, señala que toda esta información es la misma que hizo del conocimiento previamente a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la que originó la primera participación de esta dependencia federal en el caso, a través de su Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades, adscrita a la Delegación Jalisco del IMSS.

El enlace que tendrá la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Coordinación de Investigación del IMSS en este nuevo frente federal para profundizar en la defraudación al Instituto que estaría originando este tráfico de incapacidades, será precisamente Serrano Jiménez, al frente de la División de Investigación e Integración Documental.

Quiroz González dijo al respecto: “De acuerdo con lo que saquen de nuestra información, de nuestros datos —le enviamos ya los oficios que he entregado a la Función Pública y enviamos copia de los certificados de incapacidad que están en investigación—, ellos van a interponer ya directamente las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por los resultados que obtengan en cuanto a su investigación.

“Si detectan que efectivamente se acredita la defraudación, ellos (la Coordinación de Investigación) van a interponer las denuncias en contra de los empleados del IMSS que hayan incurrido en una ilegalidad, y nos darían vista a nosotros por la relación de los elementos de la Policía. Ése es el acuerdo en que quedamos”.
 
Hasta el momento, la Dirección Jurídica de la Policía de Guadalajara tiene bajo investigación a 639 oficiales que destacan por concentrar el mayor número de incapacidades obtenidas y de las que se presumen irregularidades, además, son tres mil 723 de estos justificantes médicos los que se han remitido a las instancias federales para esclarecer su fundamentación y la forma en que fueron expedidos.

Efectos múltiples de las incapacidades

Demérito al estado de fuerza

Los 49 mil 372 días que faltan los policías de Guadalajara en promedio, cada año, dan lugar a un ausentismo que merma permanentemente la operatividad de la Policía y su servicio a la sociedad. La Dirección Operativa ha señalado que, por turno, se incapacitan unos 100 elementos todos los días. De esta forma, el municipio es patrullado por poco más de 800 elementos por cada horario laboral.

En el municipio de Tlaquepaque, su Dirección de Seguridad Pública informa que todos los días se encuentran incapacitados seis elementos, con los que se podrían patrullar alrededor de 30 colonias.  

Dilapidación de recursos

Si se consideran las estadísticas oficiales que genera la Policía de Guadalajara, del año 2007 a junio de 2010 sus elementos se ausentaron 172 mil 804 días (representan 473 años), con la obtención de 27 mil 808 incapacidades del IMSS. Esos días equivalen a una erogación de 57 millones 601 mil 333 pesos en salarios pagados por el Ayuntamiento por un patrullaje no realizado.

En el municipio de Tlaquepaque, las 49 mil 411 ausencias de sus elementos del año 2007 a la fecha representan el pago de 10.3 millones de pesos en salarios sin ningún provecho para la comunidad.

Defraudación al IMSS

La más reciente línea de indagación emprendida por la Coordinación de Investigación y Asuntos de Defraudación del IMSS, señala que tal cantidad de incapacidades expedidas por los médicos estarían afectando las finanzas del Instituto, pues los ayuntamientos aplican descuentos a las cuotas patronales que le enteran al IMSS, derivados de esos días de ausencia en que no se presentaron sus policías.

Desequilibrio en las cargas laborales

La Dirección Jurídica de Guadalajara ha señalado que este ausentismo incrementa la carga de trabajo para los policías honestos que no abandonan sus responsabilidades con la obtención de incapacidades médicas sin sustento. “Se les duplica (el trabajo) a otros elementos que sí son leales, disciplinados, trabajadores y que cuidan su trabajo; se les duplica el trabajo a ellos por la falta de estos otros que no andan en la operatividad,  la carga de trabajo se les va a unos y les disminuye a otros”, dijo el titular, Quiroz González.

“Dobleteo”

La posibilidad de obtener las incapacidades médicas en el IMSS, en el momento que lo deseen, sin importar que su estado de salud no lo amerite, ha permitido que haya policías que, indebidamente, “laboran” tanto para la Policía tapatía, como para otras corporaciones de la metrópoli, incluso de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Se detectaron 40 casos así. Las incapacidades, por tanto, sirven como un recurso para alternar tiempos y mantener dos empleos, pese a contravenir la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (EL INFORMADOR 15/8/2010).

Evasión de procedimientos de sanción

La alternativa para hacerse de incapacidades médicas de parte de galenos del IMSS cuando así conviene a sus intereses, ha llevado a algunos policías en Guadalajara a evadir procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados en su contra por la Dirección Jurídica. Entre 15 y 20 elementos han recurrido a estos certificados médicos para ausentarse, y así evitar ser notificados de dichos procedimientos, pues la legislación establece un periodo máximo de 30 días para enterarlos formalmente de este tipo de revisiones.

Algo muy similar sucedió en la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, donde se confirmó que entre los 11 elementos denunciados penalmente por la falsificación de incapacidades (EL INFORMADOR 4/10/2010), se encontraban oficiales contra los que esa autoridad municipal preparaba procedimientos en su contra.

La corporación tapatía fue notificada de la rescisión de cuatro galenos más involucrados en el tráfico de incapacidades médicas, y la destitución del director de una clínica.