Poderes, a marchas forzadas para cumplir con juicios orales

GUADALAJARA, JALISCO (19/AGO/2014).- En mes y medio Jalisco debe contar con recursos, infraestructura y 14 leyes deben estar aprobadas para que el 1 de octubre se lleve a cabo el primer juicio oral en la historia de la Entidad.

Al Congreso le falta analizar cinco leyes, el Judicial solicita que se duplique su presupuesto y el Ejecutivo advierte que la infraestructura para el nuevo sistema de justicia aún no está lista, pero afirma que todo estará en tiempo.

El lugar elegido para llevar a cabo, por primera vez, el nuevo proceso judicial es Zapotlán el Grande, con lo que iniciará una nueva era en la manera de impartir justicia en el Estado.

Con la finalidad de cumplir con este compromiso, los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, trabajan de manera conjunta a marchas forzadas.

El primer paso para implementar el nuevo modelo de justicia es que estén aprobadas y vigentes 14 leyes: nueve ya fueron aprobadas, cinco están en análisis en el Congreso local.

El diputado del PRI, Héctor Pizano Ramos, presidente de la Comisión de Justicia, calificó a esta reforma como la más importante en la materia desde 1917. Señaló que existen acuerdos políticos con los otros dos poderes y con todas las fracciones parlamentarias para que las cinco leyes que faltan sean aprobadas en septiembre por el Legislativo.

Normas para completar el marco necesario

El jueves pasado, Pizano Ramos presentó ante el pleno las reformas a las leyes de: Justicia para Adolescentes y de Seguridad Pública; y al Código Penal, así como la iniciativa para la Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados. Estas modificaciones, junto con la aprobación de la nueva Ley de Sujetos Protegidos, que falta por aprobarse en el pleno, son las normas faltantes para completar el marco legal necesario.

“Con esto podremos cumplir al 100% la tarea del legislativo antes de la fecha de inicio a la implementación de Sistema de Justicia Penal para el Distrito Judicial con cabecera en Zapotlán El Grande”, dijo Pizano Ramos.

Ejecutivo trabaja infraestructura

El subsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Héctor Pérez Partida, señaló que el Poder Ejecutivo se encarga de construir la infraestructura para poder llevar a cabo juicios orales en Jalisco.

Para ello, el Ejecutivo solicitó al Congreso un crédito por 650 millones de pesos para edificar nueve salas necesarias para este fin. “Tenemos un plan de trabajo y gradualmente vamos a abrir centros de juicios orales. El proyecto de infraestructura está divido en varios territorios: empezamos en Ciudad Guzmán (cabecera de Zapotlán El Grande) y trabajaremos este y el próximo año”.

El empréstito fue avalado con un esquema denominado cupón cero en el que la Federación paga el capital y el Estado los intereses, y fue avalado por los diputados. Es una deuda pagadera a 20 años.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
Críticas por rezago acumulado

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, Héctor Pizano Ramos, recriminó a la pasada Legislatura porque no avanzó con la aprobación de las reformas legales para implementar los juicios orales en Jalisco, a pesar de que había un decreto presidencial.

En 2008, el Presidente Felipe Calderón estableció un plazo, que vence en junio de 2016, para que los 32 estados de la República adecuaran su marco normativo con el fin de cambiar el sistema penal. “En la pasada Legislatura no se dieron las condiciones para impulsar las reformas. Había enfrentamiento entre los tres poderes y no hubo condiciones para avanzar. Sabemos que hubo recursos federales para aplicarse a este fin y no sabemos en qué se gastaron ese dinero”.

Pizano Ramos explicó que los primeros cambios para reformar y crear las leyes necesarias para el nuevo modelo iniciaron en noviembre de 2012 “cuando la actual Legislatura entró en funciones. Perdimos cuatro años y medio en el proceso”.

El legislador confió que en menos de un mes, los diputados avalarán las cinco leyes que faltan para completar el marco normativo que se requiere.

De acuerdo con estimaciones del presidente de la Comisión de Justicia, el avance que se registra en el Congreso para aprobar las normas pendientes supera 85 por ciento.

BENEFICIOS
Legislativo y Judicial

La inmediatez del proceso.

Hay garantías y vigilancia de la aplicación de los derechos humanos.

La posibilidad de reparación del daño.

Habrá medios alternativos de solución.

Se hará efectiva la presunción de inocencia.

La celeridad generará justicia rápida y expedita.

En las sentencias se conocerán los argumentos expuestos de manera transparente y clara.

PENDIENTES

Leyes necesarias para implementar juicios orales

Legislación básica, intermedia y adicional. Jalisco Autor

1 Entrada en vigor. Establecer fechas para entrada Constitución Política de los

en vigor de nuevo sistema acusatorio penal Aprobada Estados Unidos Mexicanos

2 Constitución Estatal. Armonización Aprobada Héctor Pizano

3 Declaratoria de entrada en vigor del Código

Nacional de Procedimientos Penales Aprobada Ejecutivo del Estado de Jalisco

4 Declaratoria de Incorporación Aprobada Héctor Pizano

5 Ley Orgánica del Poder Judicial Aprobada Héctor Pizano

6 Ley Orgánica de la Fiscalía General Aprobada Héctor Pizano

7 Ley Orgánica de la Procuraduría Social Aprobada Héctor Pizano

8 Ley de Justicia para Adolescentes Pendiente Hernán Cortes y Héctor Pizano

9 Código Penal Pendiente Héctor Pizano

10 Ley de Seguridad Pública Pendiente Héctor Pizano

11 Ley de Atención a Victimas Aprobada Jaime Prieto

12 Ley de Sujetos Protegidos Pendiente Héctor Pizano

13 Ley de Administración de Bienes Asegurados y Decomisados Pendiente Héctor Pizano

14 Ley de Extinción de Dominio Aprobada Emilio González Márquez

ZAPOTLÁN
ZMG, al final

En Jalisco, el primer juicio oral debe llevarse a cabo el 1 de octubre en Zapotlán El Grande y, a más tardar el 29 febrero de 2016, debe ponerse en marcha este nuevo sistema en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la última región que se sumará al nuevo modelo.

Poder Judicial requiere dinero y plazas

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, refirió que ya se preparan para la inminente entrada en vigor del nuevo modelo de justicia.

Mencionó que se registró ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) una Maestría en Juicios Orales que se imparte tanto a personal del Poder Judicial como a abogados interesados en tener los conocimientos necesarios en la materia. Explicó que ya están preparándose dos generaciones en este posgrado.

Actualmente, el Poder Judicial cuenta con 104 jueces. De acuerdo con estimaciones de su presidente se requerirá lanzar convocatorias para elegir a 96 más, especializados en la materia. “Habrá un juez de control y las salas serán colegiadas. Habrá tres jueces por sala para que el proceso sea rápido, transparente, y para que las decisiones sean colegiadas. Para octubre de este año ya tenemos personas capacitadas que pueden atender las convocatorias para jueces orales”.

Para cubrir el resto, se lanzarán paulatinamente convocatorias de octubre este año hasta febrero de 2016.

Para poner en marcha el nuevo sistema penal acusatorio se requieren más recursos económicos, indicó Vega Pámanes. De acuerdo con sus proyecciones, será necesario duplicar el actual presupuesto del Poder Judicial.

“Necesitamos crecer el presupuesto constitucional. Actualmente el gasto del Judicial representa el 1.2% del ingreso del Estado; necesitamos cuando menos el 2.5%. Es decir, nuestro presupuesto es de mil 70 millones. Con esta reforma necesitamos cuando menos el doble para actualizar los juzgados penales, los mercantiles, civiles, familiares y administrativos, aproximadamente dos mil millones de pesos”.

LA VOZ DEL EXPERTO
José Manuel Escamilla Jaime (especialista en derecho de la UAG)

Reto, el diseño metodológico

¿Cuánto costará a los mexicanos y a los jaliscienses el nuevo sistema penal acusatorio? ¿Están comprobados sus beneficios? Éstas son algunas de las dudas en torno a los juicios orales, señala el académico José Manuel Escamilla Jaime, el especialista en derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema en Jalisco, uno de los Estados más atrasados en la implementación del nuevo modelo, el especialista considera que existen retos como el correcto diseño metodológico; replicar las buenas prácticas que han funcionado en otras entidades, tomar en cuenta indicadores de resultados y la remoción de obstáculos para la implementación del sistema.

Para Escamilla Jaime, uno de los principales problemas al que se han enfrentado todos los involucrados en la aplicación del nuevo sistema penal es la falta de información completa, comparable y actualizada.

“La ausencia de datos dificulta la toma de decisiones que garantice en mayor medida el uso óptimo de los recursos financieros para apoyar el proceso de implementación del sistema. Esto lleva a considerar llevar a cabo na evaluación posterior al termino del gasto de los recursos públicos, de modo que permitan conocer el impacto de desempeño”.