Jueves, 16 de Octubre 2025
Jalisco | Se les acusa de tortura, lesiones y allanamiento de morada

PGJE inicia averiguaciones previas contra cinco policías

La CEDHJ giró la Recomendación 2010 en contra de elementos de Seguridad Pública del Estado

Por: EL INFORMADOR

Tomás Coronado inició las averiguaciones previas en contra de cinco policías de Seguridad Pública del Estado. ARCHIVO  /

Tomás Coronado inició las averiguaciones previas en contra de cinco policías de Seguridad Pública del Estado. ARCHIVO /

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2010).- El procurador general de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, abrió las averiguaciones previas correspondientes en contra de cinco policías de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, después de aceptar la Recomendación 20/10 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ( CEDHJ).

Los nombres de los elementos en cuestión son; José de Jesús Gómez Hernández, Omar Gerardo Bravo Reséndiz, Gustavo Casillas Villalobos, Ricardo Calderón López y Humberto Eleazar Reyes Cisneros, a quienes se les señala como presuntos delincuentes por tortura, lesiones y allanamiento de morada.

La CEDHJ argumenta el caso de un joven, mismo que se encontraba en el municipio de Encarnación de Díaz, al interior de su domicilio. Estaba con su esposa e hijos, estos últimos menores de edad, al momento en el que policías de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado se filtraron en sus casa y lo torturaron con el afán de recibir información sobre el paradero de la droga. Posteriormente lo llevaron detenido a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República ( PGR), por posesión de estupefacientes y arma de fuego.

Dichos servidores públicos violaron los derechos humanos a la integridad, a la libertad, a la privacidad y seguridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica del agraviado.

La Recomendación fue dirigida también a Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario de Seguridad Pública, pidiéndole la reparación del daño moral y psicológico que recibió la víctima, deacuerdo con la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pero aún no ha respondido.

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