Modelo ruta-empresa, clave para seguridad en el transporte: AC

GUADALAJARA, JALISCO (09/ENE/2014).- Los choferes del transporte público deben cumplir una cuota de boletos vendidos para tener ganancias en el día; en ese afán, le pisan al acelerador para ganarle pasaje al resto de sus colegas. Por eso son tan frecuentes los accidentes que involucran camiones urbanos y esto no cambiará hasta que se aplique la Ley de Movilidad y se adopte el modelo ruta-empresa, explica Alma Chávez, de la organización Víctimas de Violencia Vial A. C.
 
"Mientras más corren, más gente suben, más van a ganar y no les importa si los pasajeros y peatones corren riesgos", explica la activista. Al depender de una empresa y no de un propietario privado, los choferes mejorarían sus condiciones laborales y esto incidiría en su responsabilidad al estar frente al volante del camión.
 
La misma organización del transporte a través del modelo ruta-empresa provocaría que termine la pelea por el pasaje, y dado que el conductor tendría ganancias más seguras, no existiría la presión bajo la que manejan y que aumenta el riesgo de los accidentes.
 
En nueve días del año, van cuatro víctimas mortales por accidentes que protagonizan unidades del transporte público. Hoy se confirmó la cuarta: un menor de un año y 11 meses fue atropellado por la ruta 640 en la colonia El Colli. El chofer huyó, pero fue detenido posteriormente.
 
Esta tendencia no va a cambiar mientras no se vea aplicada la Ley de Movilidad y que ésta se siga adecuadamente, explica Alma Chávez, es en este marco normativo donde se instruye para el modelo ruta-empresa y el reordenamiento del transporte.
 
"El Gobierno ya no debe ser cómplice de los transportistas", comenta. De tal forma que se aplique la Ley con transparencia, sin corrupción, y en los casos que no se cumplan los reglamentos para un trato digno a usuarios del transporte, las autoridades deben ser más firmas.
 
Para la activista, la Ley debe verse aplicada en un plazo de tres a seis meses, así se verán resultados en el respeto al derecho de movilidad de los ciudadanos; y ya una vez evidentes los resultados, se debió aceptar el aumento a la tarifa, opina.
 
EL INFORMADOR / ALEJANDRA PEDROZA