Ley debe prever autonomía certera en la ASEJ, opinan

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2013).- La autonomía de la Auditoría Superior del Estado ( ASEJ) se ha confundido con impunidad, y por ello es indispensable que el marco normativo en materia de fiscalización contemple autonomía certera para señalar responsabilidades, pero con medidas que eviten los excesos, explica la investigadora Aimeé Figueroa Neri, especialista en Derecho Financiero y Tributario.
 
El órgano vigilante debe ser vigilado, pero por más mecanismos al margen del Congreso estatal: con rigurosidad para los parámetros de transparencia, por ejemplo, con un portal web impecable en la información publicada, concluye la académica a raíz de participar en la investigación "Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia", elaborado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG y el Instituto Mexicano para la Competitividad ( Imco).
 
Pese a que es obligación legal, la ASEJ no publica los informes finales de las cuentas de entidades públicas fiscalizadas; así, los ciudadanos no pueden conocer el manejo de los recursos de sus autoridades, publicó hoy EL INFORMADOR.
 
Por su parte, el Congreso debe asumir su responsabilidad política de inspector del gasto público, recomienda la académica; en México, ocho de cada 10 Congresos estatales tienen labores insatisfactorias en este tema y una muestra de la falta de rigidez es la carencia de plazos para dictaminar cuentas públicas y que las Comisiones de Vigilancia no reportan los resultados de su trabajo. "Parce que no hay interés por parte del Congreso", expresa la académica.
 
Además, deben estar previstos núcleos jurídicos estratégicos, que tendrán la función de evaluar si el marco normativo contribuye a la fiscalización o tiene deficiencias que impiden una buena rendición de cuentas.
 
Por la falta de informes sobre el desempeño de la Auditoría, no se puede evaluar la viabilidad de sus labores. "En el momento que haya transparencia vamos a poder valorar si las decisiones de la Auditoría están bien o mal".
 
Sin cuentas claras de cómo manejan las autoridades los recursos públicos, no sólo se incumple el derecho de los ciudadanos a conocer y exigir que se haga eficiente el gasto público, sino que la falta de información se reproduce en la toma de decisiones de la población, evalúa la especialista.
 
EL INFORMADOR/ ALEJANDRA PEDROZA