La vía pública no es comercializable: Transparencia Mexicana

GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2010).- En el Estado de Jalisco y a nivel nacional, el indicador de corrupción más alto medido por la organización Transparencia Mexicana, en su Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, es que los ciudadanos no pueden usar libremente la vía pública. Por el contrario, hay personas que se apropiaron de ella.

El director de esta organización —el Capítulo México de Transparencia Internacional—, Eduardo Bohórquez, platicó con este medio para profundizar en este indicador, en las implicaciones que traería regularizar esta actividad y la dinámica de corrupción generada entre los “apartalugares”, la sociedad y el Gobierno.

“La vía pública como tal es un servicio público que le corresponde al ciudadano en el territorio nacional, en el momento en que cumple con una serie de obligaciones fiscales, como su impuesto predial, la tenencia, etc. Parece muy obvio, pero la primera definición es que el espacio público no es comercializable, porque se trata de un bien público por definición”.

Hay corrupción “en tanto se abusa del espacio público para obtener un beneficio privado y, segundo, porque se tiene el riesgo de que si tú no le pagas a la persona que se hizo cargo de ese espacio, haya represalias. Entonces en lugar de tener un servicio, lo que tienes es un principio de extorsión”.

Cuando el Estado no garantiza el uso libre de los espacios públicos, es como si se “replegara”, permitiendo que ese vacío sea ocupado por alguien más: “Lo que nosotros medimos es el caso en que un particular se apodera de la vía pública y ejerce las funciones del Estado en términos de regulación… tienes dos esquemas operando, el del aseguramiento estilo mafia; y al mismo tiempo, el aprovechamiento de un bien público para comercializarlo de forma privada”.

En Jalisco, este indicador de corrupción superó incluso a las “mordidas” para evitar ser infraccionado por un agente de tránsito o para obtener una licencia de conducir, un permiso de construcción y la autorización del uso de suelo.

Pago de tarifa o soborno

Los mensajes que ha emitido el Ayuntamiento de Guadalajara para generar un padrón de “apartalugares”, e incluso otorgarles permisos temporales, han generado reacciones encontradas en la sociedad tapatía.

Pero el Gobierno, tiene la obligación de apegarse a su marco constitucional, “y éste deja muy claro que no te puedes hacer de la vista gorda. La tolerancia tiene un límite porque tienes obligaciones derivadas de tu propio marco jurídico”.

Ahora bien, es válido y legítimo, apunta, que una sociedad y su Gobierno se cuestionen si desean modificar ese marco jurídico: “Una sociedad puede normar lo que decida como comunidad, puede decidir si quiere crear un nuevo servicio. Para eso creamos la democracia representativa”.

Advierte, sin embargo, que si se acuerda crear una nueva forma de empleo administrada por el Estado, debe suponer el planteamiento de toda una política
pública integral por las implicaciones que se generarían.

De esta forma, la autoridad tendrá que definir cuáles serán las condiciones: las tarifas a fijar por el servicio; qué considerará este servicio; se entregará un recibo o boleto como garantía; cuál será el destino de la tarifa; qué instancia supervisará la prestación y homogeneidad del servicio; qué consecuencias habrá para el ciudadano que no pague la tarifa, etc.

“No puedes dejarlo en una zona gris, no puedes decir ‘le permito a los particulares que aprovechen el espacio público de la manera que ellos prefieran, sólo porque están inscritos en una lista’. Regularizar significa realmente establecer las condiciones en las cuales ciertas calles de la ciudad van a ser concesionadas a particulares”.

Sólo cumpliendo con estas formalidades de todo servicio público, los ciudadanos podrán “tener la certeza jurídica de que lo que está haciendo es un pago y no un soborno”.

Las alternativas

La tendencia para mitigar este fenómeno en el país, señala Transparencia Mexicana, va más en el sentido de aumentar la vigilancia sobre “zonas estratégicas” de las ciudades para ordenar el uso de la vía pública. La regularización de los “apartalugares” es un planteamiento sobre el que no se conocen casos exitosos.

“Cuando menos en la experiencia nacional no hemos identificado un solo caso donde la regularización de la figura le dé buenos resultados al municipio, ya sea en términos de derechos e ingresos especiales, o en términos de resolver el problema de corte laboral y el empleo. Al contrario, las experiencias interesantes son más bien de ir protegiendo ciertas zonas de la ciudad de la presencia de franeleros y hay un grado de tolerancia en lugares donde no son estratégicos para la vida de la ciudad”.

Así se está actuando, dice, principalmente en centros históricos y áreas con patrimonio cultural tangible e intangible en lugares como el Distrito Federal y Durango.

Una estrategia de largo alcance, señala, debe recurrir ineludiblemente a los programas sociales de acompañamiento y capacitación hacia los “apartalugares”, con el objetivo de que puedan encontrar otras posibilidades de sustento. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guadalajara ha informado que trabajará precisamente en ese sentido.

A nivel nacional, agrega Bohórquez, no se tiene registro hasta ahora de una política pública “robusta” con estas características que ataque al principal indicador de corrupción mexicano. “Tal es así, que sigue siendo uno de los fenómenos que mayor corrupción reportan los hogares del país”.

Para saber

• 197 millones de actos de corrupción se generaron en 2007 en el uso de servicios públicos prestados por las autoridades federales, estatales y municipales.
• 27 mil millones de pesos se pagaron en “mordidas” por servicios públicos.
• 8% de los ingresos en los hogares mexicanos fueron destinados a “mordidas”.