¿La concordia de la razón?

Sin duda alguna, uno de los problemas que más severamente vivimos en México hoy día es la violencia mortal asociada con la delincuencia. Abundan las noticias sobre las ejecuciones consideradas como “ajustes entre mafias”, que a fuerza de ser tan repetidas, ya no son vistas como noticia nueva, sino como hechos de la cotidianeidad. Asimismo, el sentido de seguridad en las comunidades es abrumado por el temor que impone la presencia dispersa de actividades “sospechosamente ilegales”, que ni son atendidas por las autoridades ni son denunciadas por los vecinos ante el miedo a represalias.

Se reconoce que hay tres ámbitos de violencia y agresión que se dan por el fenómeno de la delincuencia (los que son entre ellos mismos, los que son contra las autoridades y los que son contra la sociedad). Quienes han estudiado el tema con entereza y seriedad reconocen que esta violencia surge de la pugna por dominar los mercados altamente lucrativos, cuyas ganancias están aseguradas por la ilegalidad misma (porque la oferta tiene una alta demanda segura en un mercado negro extendido). La historia de los 13 años de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos de América ya había dado luz sobre el resultado que se esperaría en estas situaciones, y su desenlace con los gángsteres de los años veinte y treinta fue preludio a lo que hoy vivimos. Aquella proscripción del alcohol fue una solución que, paradójicamente, produjo lo contrario a su intención: el delito aumentó, se apagó el respeto a la ley y el crimen organizado desarrolló un imperio negro del cual aún no ha podido deshacerse la sociedad norteamericana.

Al parecer por las noticias recientes, las corruptelas e infiltraciones del crimen organizado al aparato del Estado mexicano ya han alcanzado niveles preocupantes. Las inculpaciones mutuas entre las fuerzas políticas revelan que su capacidad de responsabilidad está rebasada por la incertidumbre de la situación y sus implicaciones.

En México, el origen de lo que hoy ocurre data desde los años cuarenta, con una actividad que de por sí era inocua: la promoción del cultivo de amapola en Sinaloa para abastecer la demanda de morfina que requerían para sus heridos los ejércitos aliados de la Segunda Guerra Mundial. Una actividad que inicialmente se consideraba noble en su destino, se desvirtuó una vez que al terminar la guerra quedó una capacidad productiva ya instalada, cuya oferta legal se prohibió pero cuyo consumo se siguió demandando de manera clandestina. Paradójicamente, ser “gomero” en Sinaloa originalmente era un trabajo meritorio, respetuoso y legítimo.

Al igual que aquella prohibición del alcohol, la guerra contra el tráfico ilegal de estupefacientes es una guerra perdida. El narcotráfico ha aumentado, controla más capital y mueve mayores volúmenes, el consumo se ha disparado, las consecuencias y la violencia propagadas por el narcotráfico se han incrementado año tras año. La causa de todo este enredo no son las drogas mismas, sino su ilegalidad, y la actual política de prohibición tan sólo agrava los problemas. No tiene sentido invertir cientos de millones de pesos en una lucha que hunde al país en sangre y miedo desatando la violencia y la corrupción en la sociedad y en el Gobierno.

Si alguna vez hubiera duda sobre la fuerza de influencia que las mafias tienen sobre la población total, basta ver lo que ocurre bajo el pretexto de proteger a los individuos con el precario título de “los daños a la salud”, que ha servido de motivo para que el Estado coarte el ejercicio de la libertad individual de personas adultas y esconda un contexto lucrativo sustancioso. Visto desde cualquier ángulo de moral y ética, las argumentaciones siempre llevan a un entrampamiento que reconoce la necesidad de resolver el problema de una manera que los intereses económicos ilegales siempre se verán perjudicados.

Desde luego que en el tema de la legalización de las drogas como recurso para detener la violencia y la corrupción causadas por el narcotráfico, México no podría retraerse de esta guerra en forma unilateral, pero algún día, la humanidad verá a la legalización como la mejor opción.

La redacción anterior apareció en esta columna a principios de 2005, y hoy por hoy parece aún vigente, tal cual. Además, hace ya dos años, en un sorprendente gesto desacostumbrado, tres ex presidentes latinoamericanos (de Brasil, Colombia y México) rompieron el sagrado tabú político sobre la despenalización del consumo de estupefacientes, proponiendo que el tema entre al debate oficial. La noticia abrió, entonces, lo que se consideraba un halo de esperanza a la concordia de la razón frente la brutalidad de la violencia: la legalización de las drogas como recurso para empezar a detener la violencia y la corrupción causadas por el narcotráfico. ¿Qué ha pasado?