La CEDHJ pide 0.2% del presupuesto de Egresos del Estado

GUADALAJARA, JALISCO.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, anuncia que después de tomar posesión como presidente del Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, pedirá al Congreso de la Unión un “presupuesto constitucional” para que las legislaturas locales etiqueten al menos el 0.2% del presupuesto de egresos, a sus respectivas comisiones estales de derechos humanos.

En ese sentido, explica el ombudsman durante la ceremonia de conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, de los 61 mil 500 millones de pesos (MDP) del presupuesto de Egresos aprobado la tarde del miércoles por el Congreso del Estado, a la CEDHJ le correspondería como mínimo 122 MDP.

Sin embargo, Álvarez Cibrián reconoce que “esta legislatura, con acciones, con decisiones, ha estado fortaleciendo el tema de derechos humanos. Debo de reconocerle a las y los diputados que siempre se han preocupado y ocupado por fortalecer con hechos y no únicamente con discursos el tema presupuestal de la comisión de derechos humanos. Sabiendo y estando seguros todos ustedes que la comisión siempre sabrá darle el mejor aprovechamiento el mejor destino para la defensa y promoción de los derechos humanos en Jalisco”.

En lo que va de 2009, la CEDHJ ha recibido 15 mil 600 quejas, la cifra más alta en la historia de este organismo y de todo el país, lo que representa un 400% más del promedio de quejas de hace dos años, números que demuestran “que la ciudadanía de Jalisco tiene plena confianza en esta institución”.

Hace un llamado a los legisladores para que aprueben la ley estatal para la atención y desarrollo integral de las personas con discapacidad que esta mañana se prevé pase a primera lectura en el Congreso del Estado.

Durante la conmemoración, a nombre del Gobierno del Estado, Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno, anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa que establezca con precisión las penas a quienes incurran en el delito de trata de personas.

EL INFORMADOR / RAFAEL ZAPATA