Jueces se resisten a ser evaluados

GUADALAJARA, JALISCO (21/OCT/2013).- La sociedad en Jalisco tiene medios científicos para medir el nivel de confiabilidad de sus policías y de los agentes del Ministerio Público (MP), y tendría que hacerlo también con sus jueces que, de acuerdo con la legislación estatal, están obligados a someterse a las mismas pruebas de control, pero no sucede así.

Desde el 19 de octubre de 2012, el Poder Judicial debería tener en funcionamiento su propia Unidad de Control de Confianza y evaluar que sus integrantes lleven un nivel de vida acorde con sus ingresos, que no consuman drogas prohibidas ni tengan ligas con la delincuencia. Así lo establece la ley en la que la Legislatura local innovó con respecto al marco federal, al incluir a los impartidores de justicia como servidores públicos obligados a certificar su probidad.

Una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial en Jalisco, sin embargo, mantiene una suspensión sobre los efectos de la Ley de Control de Confianza, al considerar que hay una invasión sobre su esfera de competencia; será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que dicte la última palabra.

Reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que tanto los policías municipales y estatales como los agentes ministeriales presentan una tasa de reprobación de uno de cada cuatro; de acatarse la ley, ¿qué resultaría de los 40 jueces penales en Jalisco?

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, declara: “Tenemos otras medidas de control, no podemos estar sometidos a los mismos parámetros que otras dependencias policiacas, por ejemplo. Esta reforma fue promulgada en la Legislatura pasada y la publicó el anterior gobernador; en ese entonces yo dije, y lo sostengo: me formo detrás del último diputado y delante del Ejecutivo para hacerme las pruebas, con mucho gusto”.

Y no obstante, ni sus medidas de control son infalibles, ni los jueces menos terrenales que los policías. Recientemente el Consejo de la Judicatura difundió el cese de dos jueces cuyas actuaciones dejaron en libertad a presuntos responsables de delitos, después de que la Fiscalía General hizo pública su solicitud de desafuero.

Los nexos del crimen organizado con policías y MP han sido los más expuestos, pero su infiltración también está en el otro eslabón del sistema de justicia penal: el Poder Judicial. “Va siendo grave, poco a poco va aumentando. Sí es de preocuparse. Yo nomás pongo de ejemplo a mis alumnos que si el ‘Chapo’ Guzmán hace una seña, a ver si la observamos o no. De recibir un balazo a recibir un millón…”, expone el especialista Felipe de Jesús Garibay Valle, académico de la UdeG.