Impulsan en Jalisco 'Ley 3 de 3' sin candados

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUL/2016).- Aunque la recién aprobada Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como “Ley 3 de 3”, no obliga a que se hagan públicos detalles de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de funcionarios, en Jalisco, el Gobierno del Estado, legisladores, cúpulas empresariales y el Instituto de Transparencia (Itei) llaman al Congreso estatal para que prevalezca el principio de máxima publicidad, como originalmente se pretendía.

La ley federal limita la transparencia de las declaraciones de los funcionarios bajo el argumento del derecho a la privacidad: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”, plantea el artículo 29. En cambio, en Jalisco, participantes en un debate convocado por esta casa editorial coinciden en que se obligue a los burócratas a que se hagan públicos detalles de sus declaraciones, como los montos de sus cuentas y los valores de sus propiedades.

Desde el Congreso del Estado coinciden Ismael del Toro, coordinador emecista, y Pedro Kumamoto. “En Jalisco no tenemos pretexto, podemos tener nuestra ley con la máxima publicidad”, señala del Toro, mientras el legislador independiente considera que pueden "pugnar para que, por lo menos las declaraciones de intereses y patrimonial, sean abiertas".

Guillermo Muñoz, coordinador de Transparencia del Gobierno del Estado, apuesta por el principio de máxima publicidad y se suma a la postura del gobernador Aristóteles Sandoval, quien también está a favor.

Independiente a la legislación estatal y para no contradecir los principios de la ley general, el Instituto de Transparencia (Itei) propone que los partidos políticos obliguen a los candidatos a cargos de elección popular a publicar su declaración 3 de 3, sumando a “magistrados, presidentes de órganos autónomos, el auditor superior, entre otros puestos…”, indica Cynthia Cantero, titular del organismo.

Para la Coparmex, el objetivo de publicar las declaraciones es que los ciudadanos conozcan el patrimonio de cualquier funcionario para comprobar que, al final de su encargo, sus bienes coincidan con los ingresos reportados, expone su dirigente José Medina Mora.

Ayer en el Senado de la República se atendió el veto del Presidente Enrique Peña Nieto al Artículo 32 de la misma ley general. En el dictamen se reconoció que el obligar a los particulares a presentar sus tres declaraciones cuando son proveedores o reciben recursos públicos puede constituir una violación a su privacidad. Por ello se perfilan para eliminar esta obligación. El dictamen se vota hoy.