Guadalajara combatirá demanda del Code

GUADALAJARA, JALISCO.- El Ayuntamiento de Guadalajara combatirá la demanda y la suspensión que le fue otorgada al Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud de Jalisco (Code), con la que el organismo estatal busca la publicación del plan parcial de desarrollo urbano que contempla la urbanización del predio “El Disparate”, en la Barranca de Huentitán.

Ayer, en una sesión extraordinaria del Ayuntamiento, los regidores aprobaron por unanimidad instruir a la Sindicatura para que impugne la demanda ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco (TAE).

La suspensión otorgada al Code impide al Ayuntamiento abrogar los decretos que aprobó el 9 de julio y que permiten desarrollos verticales en “El Disparate”. Además, deja sin efectos la instrucción a la Secretaría General del 25 de septiembre para que no publique el plan parcial donde se permiten dichos desarrollos, con lo que no han entrado en vigencia los cambios al uso de suelo.

La titular de la Sindicatura, Verónica Rizo López, explicó los argumentos que la autoridad municipal presentará ante el TAE, que son básicamente tres:

Primero, que el Code Jalisco, a decir del Ayuntamiento, carece de la personalidad jurídica o “no tiene facultades para poder comparecer a juicio”.

Segundo, que el Code había tramitado previamente ante la Sindicatura un recurso de revisión para que se permitiera la publicación del plan parcial, un procedimiento que no ha concluido.

Y tercero, el Ayuntamiento no reconoce que los actos reclamados hayan generado alguna afectación para el Code.

Por su parte, el presidente municipal de Guadalajara, Juan Pablo de la Torre Salcedo, se mostró respetuoso de la actuación del TAE, pero precisó: “Atendemos a nuestro derecho de impugnar esta resolución, lo cual es una garantía que nos otorga la ley. Vemos que se tiene que estudiar más el tema de uso de suelo en ‘El Disparate’, donde tenemos que ver que se haga lo correcto de acuerdo a la ecología y al entorno social para buscar lo que sea mejor para la ciudad”. Y con claridad, aunó: “El TAE debe velar por lo que es legal, no por lo que diga la mayoría”.

Reacciones

Leobardo Alcalá, coordinador del PRI en el Ayuntamiento.

Aseveró que la suspensión no debió haber sido otorgada por la Sexta Sala Unitaria del TAE, debido a que está de por medio un posible daño a las condiciones ambientales del sitio. Ironizó con respecto a la rapidez con que actuó el Tribunal, pues la demanda fue presentada el 3 de noviembre y la suspensión se emitió al día siguiente.

Celia Fausto, coordinadora del PRD.

Calificó la suspensión del TAE como “confusa”, y destacó que no le ordena al Ayuntamiento explícitamente que proceda con la publicación del plan parcial.



Telón de fondo

Los argumentos del Code

La demanda de nulidad presentada por Carlos Andrade Garín, titular del Code, se basa en el señalamiento de que es ilegal la orden que emitió el Ayuntamiento el 25 de septiembre para que no se publiquen los decretos que había aprobado antes, el 9 de julio, con los cambios de uso de suelo a “El Disparate”.

Ese decreto impugnado también ordena que la Comisión de Planeación Socioeconómica y Urbana retome el estudio del plan, y prohíbe a la Dirección de Catastro autorizar cualquier movimiento o trámite en ese predio —donde el Code posee una fracción—.

A decir del Code, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal no le brinda facultades al Ayuntamiento para revocar sus actos, y menos abrogarlos, pues es un procedimiento propio de una autoridad legislativa y no administrativa.

Además, el Code asume que los decretos del 9 de julio crearon derechos a su favor, pues en el plan se encuentra el predio de 25 hectáreas que compró el 13 de julio a José Paniagua Sánchez Aldana —para el estadio de atletismo—, quien condicionó la venta con el cambio de uso de suelo para urbanizar sus 46 hectáreas restantes con vivienda vertical.

Los decretos del 9 de julio son dos: el D 88/16/09, que consiste en las modificaciones al plan parcial y el D 88/17 BIS/09, referente al contrato de promesa de compraventa entre Sánchez Aldana y la autoridad estatal.