GUADALAJARA, JALISCO (11/JUN/2017).- Luego de que el Gobierno de Guadalajara pusiera en práctica un sistema de videovigilancia de prueba en dos panteones del municipio para reforzar la seguridad, se dio a conocer que pese a quejas y señalamientos de la ciudadanía sobre robos a las tumbas de sus seres queridos, el Ayuntamiento reportó que en los últimos siete años sólo fue detenida una persona por la presunta comisión de delitos al interior de los cementerios.Fue el 27 de agosto de 2015 cuando se detuvo a una persona por robo de canceles y ventanillas, parte de la infraestructura del Panteón Guadalajara. El detenido contaba con una orden de aprehensión, más no se especificó si su captura sucedió al interior o exterior del camposanto.En tanto, la Dirección de Justicia Municipal no informó sobre reportes realizados por faltas administrativas o delitos, tampoco si los detenidos fueron presentados ante el juez municipal o puestos a disposición del Ministerio Público, pues señalan que sus bases de datos no poseen los filtros necesarios para hacer la búsqueda con estas especificaciones.Exigen ocho millones de pesosDesde 2010, con el cambio de partido al frente de la administración, 12 ex trabajadores de la Dirección de Panteones demandaron al municipio por 8.1 millones de pesos.Se trata de administradores, supervisores, jefes operativos, auxiliares y vigilantes, quienes reclaman la reinstalación, el pago de salarios caídos y vencidos, la homologación salarial y el pago de otras prestaciones.El más costoso de los juicios es el interpuesto por Luis Ramón López Sánchez quien se desempeñaba como administrador de uno de los cementerios. El pleito legal está valorado en un millón 216 mil pesos.De los juicios sólo dos se encuentran en la etapa procesal de requerimiento, es decir que el municipio ya está obligado a pagar y reinstalar a los demandantes. Son los promovidos por Ángel Martín Ruelas Segovia y Margarito Camarena Moya que reclaman 951 mil 941 pesos y un millón 81 mil pesos respectivamente.Caso de corrupciónLa ex regidora del PRI, Elisa Ayón, protagonizó un escándalo de corrupción en 2013, luego de darse a conocer un audio que delata su presunta corrupción en la operación de la Dirección de Panteones en el Ayuntamiento de Guadalajara.La llamada #LadyPanteones fue sujeta a un juicio político por el Congreso del Estado que la destituyó de su cargo y la inhabilitó para desempeñar cargos públicos por 10 años.Durante el escándalo, Ayón aseguró que los panteones eran utilizados como patios de maniobras y para grabar videos con contenido erótico.La actriz porno Janeth Rubio, conocida como “La Prima”, grabó un video con contenido sexual explícito en compañía de otro modelo sobre tumbas del Panteón de Mezquitán, el cementerio más antiguo en funciones del municipio (abrió en 1896).Por este hecho, el Ayuntamiento interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de los implicados en la grabación.Hay siete concesiones de crematoriosEl Ayuntamiento de Guadalajara tiene siete concesiones con particulares e instituciones del Estado para el funcionamiento de crematorios en el municipio, las cuales han sido otorgadas desde 2006.Se trata de Recinto Moradas de la Paz, Cementerio y Criptario Dios Vivo, Crematorio Mausoleos y Jardines, Crematorio Ipejal González Gallo, Crematorio Ipejal Salvador Sánchez Guerrero, Crematorio Panteón San Andrés y Crematorio Abelardo Ahumada.Todos los concesionarios deben otorgar al municipio la totalidad de sus ingresos por los servicios de cremaciones a excepción de Recinto Moradas de la Paz, que debe entregar a la administración apenas 11% de sus ingresos.Dos de las concesiones vencieron en 2016, que son Recinto Moradas de la Paz y Crematorio Mausoleos y Jardines.La primera fue firmada en 2006 por 10 años y la segunda en 2010 por seis años.El resto de los contratos de concesión continúan vigentes y algunos terminarán hasta 2032.En promedio, cada uno de los acuerdos tiene vigencia de 12 años.SABER MÁS Disminuyen deudaDe 39 millones 473 mil pesos que debían los ciudadanos morosos en mayo de 2016, la cifra disminuyó a 30 millones en abril de este año.
