Emilio veta cuatro reformas en materia de justicia

GUADALAJARA, JALISCO (17/ENE/2012).- El gobernador Emilio González Márquez remitió cuatro nuevos vetos al Congreso local; se trata de cuatro reformas en diversos temas, pero relacionadas con la impartición de justicia.

El mandatario argumenta que los diputados no le notificaron al Poder Ejecutivo el análisis, discusión y aprobación de las reformas.

En dos de las normas observadas hay adecuaciones aprobadas a propuesta de la Comisión legislativa de Justicia, para apostarle a mejoras laborales de los integrantes del Ministerios Público.

En el primero de los cuatro vetos, el gobernador considera que la reforma al artículo 76 de la Ley de Justicia Administrativa no es viable; los diputados proponían el cambio: “Las sentencias que resuelvan sobre la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los agentes del Ministerio Público, por ningún motivo podrán establecer la reincorporación al servicio (...)”. Sin embargo, el mandatario responde en las observaciones: “El decreto observado omite incorporar la prohibición del pago de salarios caídos, lo que provocará en los juicios laborales, que las entidades públicas estén obligadas a ese pago”.

Otro decreto apunta la modificación para que los elementos del Ministerio Público cuenten con permutas para revisar largos expedientes.

De acuerdo con la reforma del artículo 281 del Código de Procedimientos Penales de Jalisco, los integrantes del Ministerio Público podrán contar con un día más para analizar expedientes: “Si el expediente excediere de 200 fojas, o fracción, aumentará un día a dicho término sin que nunca sea mayor a 30 días”, pero el gobernador respondió que esto “genera una grave afectación al desarrollo de las funciones del Ministerio Público porque existen muchos casos de impacto social importante que integran miles de fojas”.

También se vetó la iniciativa que modifica la redacción del artículo 227 del Código de Procedimientos Penales, que pretende sanciones más severas para aquellos peritos que eludan su responsabilidad de aplicar exámenes de alcoholemia, “por ser confuso”. El último veto refiere una iniciativa del PAN que prevé sanciones más severas para quienes atentan sexualmente contra otras personas; se argumenta “redacción errónea”.