Martes, 21 de Octubre 2025
Jalisco | Un juez tiene 200 días para determinar si el niño es culpable o inocente

El DIF tapatío promueve reforma a la Ley de Justicia para Adolescentes

En 2008 se eliminaron los juicios orales y se incrementaron los días para determinar si el menor es culpable o inocente

Por: EL INFORMADOR

Los jueces tiene hasta 200 días para determinar si un menor es culpable o no. E. BARRERA  /

Los jueces tiene hasta 200 días para determinar si un menor es culpable o no. E. BARRERA /

GUADALAJARA, JALISCO (08/NOV/2010).- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guadalajara impulsará una serie de cambios a la Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco, para volver más expeditos los procedimientos por los que pasan los menores de edad que infringen la ley y para ampliar las redes de atención hacia sus familias.

El compromiso del organismo surge de las conclusiones del “Foro Internacional de Niñez DIF Guadalajara 2010: Infancias Vulneradas”, recién terminado, y de la necesidad de dar marcha atrás a modificaciones que se aplicaron a esa ley durante la anterior Legislatura estatal.

La Ley de Justicia Integral para Adolescentes del Estado de Jalisco se elaboró en 2006, entró en vigencia en 2007 y fue sujeta después a varios cambios en 2008 por parte los ex diputados locales. Esos cambios entraron en vigor el año pasado.

La presidenta del Sistema DIF Guadalajara, Lorena Jassibe Arriaga, quien ha estudiado este campo, recuerda y contextualiza que esa ley estatal “nace a raíz de que México firma la Convención sobre los Derechos de los Niños, que nos lleva a que se modifique el artículo 18 constitucional y le da más garantías y derechos (a los menores de edad)”.

Entre los aspectos originales que la autoridad municipal buscará restablecer, se encuentra la limitación para que los jueces cuenten únicamente con tres meses para resolver si el adolescente es culpable, o por el contrario, inocente.

“Antes, los niños que entraban a un proceso, en tres meses el juez tenía la obligación de decir si eran culpables o no. Hubo un ‘parche’ como varios que ha habido a la ley que lo reforma. El legislador dice —pues como hay muchos casos de niños infractores, ahora hay quedarle más tiempo al juez— y ahora tiene 200 días un juez para determinar si el niño es culpable o inocente”.

Son 200 días, apunta la presidenta del DIF, en que al menor de edad que espera recluido con una medida de internamiento, “le quitas habilidades de vida, lo mandas a un centro donde sí hay un ambiente contaminado”.
Otro aspecto reformado por los pasados diputados fue la eliminación de los juicios orales para casos de adolescentes. “Se reformó para que no (haya juicios orales), para que todo sea por escrito, con la burocracia que esto lleva consigo”, lamenta Arriaga, por lo que concluye: “Es una ley que se ha ido transformando con ‘parches’ que le han denostado el sentido original”.

En el mismo sentido, en el foro internacional también se determinó que la misma ley debe incluir estrategias para la atención de las familias y los entornos afectivos de los menores de edad infractores; si esto no sucede y no mejoran las condiciones en el ambiente donde se desarrollan, puede presentarse la reincidencia.

“Es una propuesta que se generó en la mesa para que se trate el fortalecimiento de la familia casi de manera obligatoria, que hubiera alguna reforma en que prestemos las facilidades a los padres de estos chicos para ayudarles a fortalecer su entorno económico, social y afectivo”.

Dentro del foro se expusieron experiencias exitosas en Brasil y la Ciudad de México de esta atención para el menor de edad infractor y su familia: “Muchos de estos niños vienen de familias desintegradas y que tienen un ambiente contaminado, cuando salen al mismo ambiente por eso están reincidiendo, porque no fortalecemos el tejido social”.

Actualmente, sin embargo, no existe una dependencia en el Poder Ejecutivo estatal responsable específicamente de brindar esta atención para el fortalecimiento de las familias de los adolescentes que infringieron la ley. Lo más cercano, apunta Arriaga, es la Subdirección General de Ejecución de Medidas de Prevención Especial, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social de Jalisco.

Esta subdirección “se hace cargo de supervisar las medidas de los chicos cuando no están en intramuros, pero cuenta con ocho miembros que supervisan toda las medidas de todos los adolescentes que delinquen en el Estado”. El Sistema DIF ha intentado participar en este sentido y en colaboración con la autoridad estatal con la creación de su Unidad Especializada en Atención a Adolescentes en conflicto con la Ley.

La presidenta del Sistema DIF comentó que deberá ser para el mes de enero de 2011 cuando se tenga lista la propuesta de reforma para su paso por las comisiones edilicias del Ayuntamiento, y que de ahí surja como una solicitud al Congreso del Estado.

“Debe regresar al espíritu de proteger la integridad superior del niño, y facilitarle todos los mecanismos para que se pueda integrar a la sociedad y fortalecer las redes a las que el niño llega cuando comete una infracción”.

FICHA TÉCNICA

Propuestas municipales


Para la salvaguarda de los derechos de la niñez, en el “Foro Internacional de Niñez DIF Guadalajara 2010: Infancias Vulneradas”, se hicieron observaciones para su implementación dentro de la administración municipal del Ayuntamiento tapatío, las cuales también serán promovidas por el DIF.

Sistema de indicadores

El Ayuntamiento de Guadalajara carece de indicadores que permitan conocer con certeza cuánto de la aplicación del presupuesto municipal se dirige a la realización de obras y programas en beneficio de la niñez tapatía.
El Sistema DIF está procesando la información que generan las distintas dependencias municipales para llegar a estos datos; por lo pronto, se estima que cerca de 20% del presupuesto municipal se ejerce en acciones que traen beneficios directos a la niñez.  Países como Colombia y Brasil llegan a 40% de sus presupuestos.

Ombudsman de la niñez

Se considera necesario integrar en la estructura municipal una figura de ombudsman que estará encargado de vigilar que, en las políticas públicas del Ayuntamiento tapatío, los derechos de la niñez tengan un papel preponderante o que, en caso de que alguna acción municipal lesione estas garantías, se corrija de inmediato.

La presidenta del DIF tapatío, Lorena Jassibe Arriaga, ejemplifica: “Que tenga incidencia en levantar recomendaciones, por ejemplo a Obras Públicas: ‘Mira hiciste tal parque pero no pusiste un área lúdica donde los niños ejerzan su derecho a la recreación’. Que esté permanentemente en contacto con todo lo que se está haciendo en el Ayuntamiento y que esté generando recomendaciones como tal”.

Juez para menores de edad infractores

Otra modificación a la administración municipal es la inclusión en la Dirección de Juzgados Municipales de un juez que esté especializado en la atención de menores de edad infractores de la ley.

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