Editorial: La ciudad no es patrimonio político

GUADALAJARA, JALISCO (06/ABR/2015).- Los planes Parciales de Desarrollo Urbano son un instrumento fundamental para construir una mejor ciudad. En ellos está definido no sólo lo que está o no autorizado a realizarse en un espacio determinado, son también los documentos que plasman la visión de futuro para Guadalajara.

En un acto de responsabilidad y generosidad política, los regidores de las diferentes fracciones que componen la actual administración del Ayuntamiento Tapatío revisaron, discutieron y autorizaron los planes parciales de las zonas de Guadalajara que requieren ser repobladas, algo que las administraciones anteriores no pudieron lograr. Dar seguridad jurídica a la inversión inmobiliaria y certeza a los habitantes y usuarios del espacio urbano es fundamental para el desarrollo económico sustentable de la capital del Estado.

En días pasados el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) aceptó una queja del Parlamento de Colonias y decretó suspender la vigencia de los planes hasta que no se revise el fondo del asunto, es decir, la legalidad o no de dichos planes.

¿Quién gana con la suspensión de planes parciales? Guadalajara no, por el contrario: la ciudad pierde en orden, pierde en oportunidades de desarrollo, pierde en su posibilidad de redensificarse y mejorar su calidad de vida. Los únicos que ganan con estas medidas son el Tribunal Administrativo del Estado, que se convierte en el decisor de facto de lo que sucede o no en la ciudad, y los empresarios oportunistas que, ante la falta de un ordenamiento claro y actualizado, encontrarán siempre la forma, y la autorización para hacer lo que deseen.

La segunda pregunta es por qué en este momento, por qué justo antes de que arrancaran las campañas para elegir a quien será el próximo alcalde de Guadalajara. Pareciera que se quiere usar el ordenamiento territorial como una forma de control político, lo cual es, por decir lo menos, irresponsable. La ciudad es mucho más importante que el partido que la gobierne. El argumento político no cabe en el desarrollo urbano.

Lo que está en juego con esta suspensión no es sólo un ordenamiento legal, es el futuro de la ciudad. Guadalajara requiere seguridad jurídica y visión de futuro. Nadie tiene derecho a imponer, por la vía de los hechos, una visión unilateral. La ciudad no es patrimonio político de nadie.

Reconocer la vigencia de los Planes de Desarrollo Urbano es la única forma de darle seguridad jurídica a la ciudad. Por el bien de todos esperamos que el TAE así lo entienda y falle en consecuencia.