Diputados podrían enfrentar cargos penales

GUADALAJARA, JALISCO (26/AGO/2011).- Los diputados responsables de desacatar un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN) podrían enfrentarse a un proceso de desafuero para ser separados de sus cargos, y posteriormente consignados ante el Ministerio Público para que se les finque una responsabilidad penal.

Juan Manuel Lepe González, presidente del Colegio de Abogados Libres de Jalisco, enfatizó que lo acontecido el pasado martes, cuando el pleno del Legislativo tomó protesta a siete magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, cuatro consejeros de la Judicatura y al nuevo contralor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, representa una “desobediencia al mandato legítimo de una autoridad judicial en el desempeño de sus funciones”.

En días pasados, los poderes Legislativo y Judicial presentaron controversias constitucionales ante el Máximo Órgano Jurisdiccional del país, pues todo apuntaba a que la elección de los funcionarios obedeció a un reparto de cuotas entre partidos políticos, en donde figuraban personas sin carrera judicial como asistentes de diputados y de otros servidores públicos en turno. La Corte aceptó las controversias y ordenó la suspensión de la toma de protesta que se llevó a cabo el pasado martes en la tarde.

Gustavo Macías Zambrano, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, reconoció que fueron notificados por la SCJN, pero de manera tardía, a las 17:25 horas, una hora después de que los magistrados habían sido nombrados.

No obstante, existen documentos que demuestran que el notificador de la Corte entregó la copia de la resolución a las 14:50 hpras, con su respectivo sello de recibido por la Oficialía de Partes del Legislativo, antes de que se llevaran a cabo los nombramientos.

Macías se justificó: “Pudo llegar el documento antes de las cuatro de la tarde, cuando se nombraron a los magistrados, pero como presidente de la Mesa Directiva fui notificado hasta después de las cinco”.

No obstante, Lepe González reviró: “Al momento en que el documento llega a la Oficialía de Partes, el Poder Legislativo se da por enterado de la notificación. Si se la pasaron al presidente de la Mesa Directiva al día siguiente o un mes después, no importa, porque desde ese momento (en que se recibe en la Oficialía) se da por conocido el fallo”.

Indicó que aún si estuviera iniciando la sesión y llegara la notificación, los diputados tenían la obligación de suspender el trámite.

Por otro lado, el abogado negó que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Celso Rodríguez González, se esté “entrometiendo” en las actividades del Poder Legislativo, tal y como lo señaló el diputado perredista, Raúl Vargas.

En tanto, los siete magistrados nombrados por el pleno no generarán derechos, no podrán cobrar salarios y menos entrar en funciones, en tanto la Suprema Corte de Justicia no resuelva de fondo las controversias constitucionales.

Además, si se acredita que la suspensión de la Corte sí fue presentada en tiempo —señaló el presidente del Colegio de Abogados Libres— se demostraría que la toma de protesta fue un acto ilegal y se tendrá que reponer todo el procedimiento, por lo que los cargos quedarán invalidados.


PARA SABER

El martes pasado en sesión del pleno, los diputados integrantes de la 59a. Legislatura aprobaron el nombramiento de magistrados y consejeros del Poder Judicial. Lo anterior a pesar del fallo de la Suprema Corte de suspender el proceso, además de las inconformidades de empresarios.