Derechos Humanos rechaza omisiones en casos de abuso a escolares

GUADALAJARA, JALISCO (06/MAR/2012).- El coordinador de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Fernando Zambrano Paredes, negó que esa institución haya incurrido en omisiones en casos de abuso sexual en aulas de educación primaria, pues afirmó que en su momento se notificó a la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) sobre cada uno de los casos en los que menores de edad fueron víctimas de del delito por parte de profesores de escuelas públicas adscritas a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

Además, detalló que en los tres casos —derivados de las recomendaciones 18/2010, 2/2011 y 51/2011— que ha llevado la Comisión, se les brindó orientación jurídica a los familiares de las niñas, para que presentaran denuncias penales, y se le ha dado puntual seguimiento a los mismos para que se deslinden responsabilidades.

Asimismo, dijo que se pidió al secretario de Educación en Jalisco, Antonio Gloria Morales, que brindara atención psicológica a los agraviados, tras haber sido víctimas de abuso sexual. También se recomendó supervisar la relación profesor-alumno al interior de las aulas y dar capacitación al personal docente sobre el respeto a los derechos humanos de la niñez.

“En los tres casos en los que ha habido probables delitos, la Comisión ha hecho su parte, que es precisamente cumplir con esa obligación que tenemos todos los servidores públicos y ciudadanos que tengan conocimiento de un probable delito, que es notificar a las autoridades”.

Sin embargo, aunque aseguró que existen oficios que fueron girados a la Procuraduría para hacer de su conocimiento sobre los hechos, al solicitarle al funcionario que los mostrara a este medio, o por lo menos que diera los números de dichos oficios, sólo se obtuvo la promesa de hacerlo y hasta el cierre de esta edición, dicha información no llegó.

Zambrano Paredes agregó que en los tres casos, se agregaron recomendaciones al procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, por lo que, dijo, también de esta manera se le notificó a la autoridad sobre los hechos, para que se le diera seguimiento a las denuncias presentadas por los padres de familia.

“De acuerdo a sus funciones el procurador tiene la atribución de investigar los probables delitos, y en este sentido, dentro de las propias recomendaciones a excepción de la 51/2011, se puede corroborar que se le está pidiendo que gire instrucciones al Ministerio Público adscrito para que brinde seguimiento a ese proceso penal”.

Las recomendaciones 18/2010, 2/2011 y 51/2011 documentan los casos de profesores que abusaron física y sexualmente de niñas de primaria. En todos estos casos, la CEDHJ determinó que cada uno de estos servidores públicos violó los derechos del niño: a la integridad, a la seguridad personal y al trato digno.

TELÓN DE FONDO
Sólo un caso remitido a la Procuraduría

El fin de semana pasado esta casa editorial publicó que, entre 2000 y 2007, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) no recibió recomendación alguna de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), pero, durante los cuatro años siguientes, 2008-2011, mereció nueve diferentes, por la violación de derechos de menores de edad. Tres de esos casos fueron episodios de agresiones sexuales contra alumnos de escuelas públicas.

La CEDHJ admitió que sólo en un caso dio parte a la Procuraduría de Justicia de Jalisco, pese a que el Código de Procedimientos Penales de Jalisco obliga a que cualquier funcionario público que conozca de un probable delito deba dar aviso al Ministerio Público.

Para Marco del Toro Carazo, abogado penalista, la CEDHJ y la SEJ no pueden limitarse a una recomendación o a una sanción administrativa al tener conocimiento de una conducta de connotación sexual que incide sobre menores, sino que están obligadas a reportarlo a las autoridades ministeriales para que se inicie la averiguación correspondiente.

Del Toro Carazo encuentra negligencia en ambas autoridades: “Si reciben información que se refiere a una conducta que puede ser constitutiva de un delito del orden sexual en perjuicio de menores, están obligados a remitir al Ministerio Público”.

En el Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, el Artículo 88, párrafo segundo, se establece que “todo funcionario público que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de la existencia de un delito, está obligado a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiendo todos los comprobantes o datos que tuviese para que proceda conforme a sus atribuciones”.

Del Toro Carazo explica que los delitos sexuales como la violación deben ser perseguidos por la Procuraduría de Justicia de manera oficiosa, igual que los atentados al pudor.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco descartó que cometa omisiones en la investigación de casos de agresiones sexuales a escolares. Justificó que en los episodios de agresiones sexuales antes mencionados el Ministerio Público sólo intervino en uno, aunque el profesor implicado quedó libre bajo fianza.

La instancia justifica lo anterior, al decir que “no le es posible intervenir en situaciones de las que no existe forma que haya quedado enterada”.