Derechos Humanos acredita detención con tortura en Vallarta

PUERTO VALLARTA, JALISCO.- Una nueva recomendación por tortura, en la que intervinieron en el año 2004 policías investigadores de la Procuraduría estatal de Justicia y policías municipales de Puerto Vallarta, fue hecha pública ayer viernes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ). El presidente de la Comisión, Felipe Álvarez Cibrián enfatizó que la Procuraduría y el Ayuntamiento vallartense cuentan con 10 días para responder si aceptan la recomendación, pero indicó que existen pruebas suficientes para acreditar la tortura.

En este contexto, el ombudsman estatal solicitó al procurador Tomás Coronado Olmos, indemnizar a una víctima de tortura e iniciar averiguación previa contra dos policías investigadores y dos municipales de Puerto Vallarta, responsables de los hechos ocurridos en octubre de 2004.

Especificó que la CEDHJ recibió la queja contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, del agente del Ministerio Público (MP), actuarios e investigadores, “por violación al derecho de legalidad y seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, así como a la libertad, por haber detenido a un hombre y haberlo incriminado de manera dolosa y negligente”.

Confirmó también que la CEDHJ encontró contradicciones de los policías en el informe de los hechos, así como en sus declaraciones ante el Ministerio Público y ante la Comisión. Una vez analizados los hechos, se concluyó que los policías de Puerto Vallarta: Juan Mancilla Catete e Ignacio Delgadillo Bernal, “detuvieron ilegalmente al agraviado y precisaron diversas circunstancias de modo, tiempo y lugar con el propósito de encuadrar la aprehensión; en consecuencia, la detención fue declarada legal por el agente del Ministerio Público y posteriormente se consignó al agraviado ante el Juzgado Penal en turno, donde fue absuelto de los cargos imputados”.

En cuanto a los hechos de tortura, se atribuyen a los investigadores Miguel Ángel Alba Santoyo y José Luis Flores Aguilar. La CEDHJ sostiene haber comprobado que al ser privado de su libertad, el quejoso fue ingresado a los separos de la policía municipal, donde se le extendió un parte de lesiones en el que no se asentaron huellas de violencia física que sí aparecieron después, cuando fue consignado ante el Juzgado de lo Criminal, lo que llevó a concluir que las lesiones ocurrieron durante el lapso en que quedó a disposición de los servidores públicos de la Procuraduría de Justicia.

Por todo, Álvarez Cibrián recomendó al alcalde de Puerto Vallarta, Francisco Javier Bravo Carvajal, que inicie procedimiento administrativo contra los policías municipales para que se determine la responsabilidad que les resulte conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

También pidió al procurador de Justicia que inicie procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público y los policías investigadores e inicie las averiguaciones previas correspondientes, a fin de que se analice su responsabilidad penal por los posibles delitos de abuso de autoridad, tortura y demás que resulten con motivo de la investigación.