El actual ciclo de las desapariciones que tiene a Jalisco como el epicentro de esta crisis en México, se desplegó en paralelo a la mal llamada guerra contra las drogas en el sexenio de los panistas Felipe Calderón en la presidencia y Emilio González Márquez en la gubernatura. El fenómeno creció en el gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz y se convirtió en un desastre durante la administración de Enrique Alfaro Ramírez.Uno pensaría que en este tiempo, aproximadamente quince años, los gobiernos aprenderían de los errores de gobiernos pasados, los corregirían y enmendarían para ser capaces de detener la crisis, encontrar a los desaparecidos y prevenir nuevos casos. Lamentablemente esto no solo no es así, sino que pareciera que de manera deliberada se cometen graves omisiones y deficiencias en las búsquedas que impiden dar con el paradero de los desaparecidos y detener el dolor de las familias buscadoras.La macrorecomendación 20/25, presentada el pasado 1.º de agosto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en la que se concentran 77 quejas (que involucran a 82 personas), enumera una serie de deficiencias reiteradas cometidas por las instituciones de búsqueda de personas (Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas) y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por omisiones y negligencias en la identificación de cuerpos.La macrorecomendación citada incluye quejas presentadas a la CEDHJ por familias víctimas de desaparición por particulares y dos desapariciones forzadas entre los años 2012 y 2024, pero llama la atención que apenas siete quejas ocurrieron entre 2012 y 2018, es decir, en la administración del priista Aristóteles Sandoval Díaz, y 74 en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano (2018 a 2024).Lo más grave de todo es que, en la mayoría de los casos, las agencias encargadas de las búsquedas siguen cometiendo graves deficiencias como el incumplimiento de los protocolos de búsqueda, carecen de un plan de búsqueda y dejan de llevar a cabo actos de investigación esenciales como pedir la sábana de llamadas del teléfono de la persona desaparecida o la falta de revisión de sus redes sociales o correos electrónicos.En cada una de las quejas que integran esta macrorecomendación, la CEDHJ incluye una matriz de observaciones e irregularidades de cada carpeta de investigación y en la mayoría aparecen las mismas omisiones. Por ejemplo, en la carpeta de investigación de una joven desaparecida en Polanquito, Guadalajara, el 17 de junio de 2021, la CEDHJ encontró las siguientes deficiencias: no se realizó la solicitud ni el análisis a la sábana de llamadas, ni de sospechosos; no se realizó solicitud al acceso de cuentas de correo electrónico y redes sociales de la persona desaparecida; no se realizó la búsqueda en base de datos de huellas dactilares en el sistema AFIS; cambio constante de Agente del Ministerio Público (hubo al menos cinco Agentes Ministeriales). Además, hubo cambio constante de Agencias del Ministerio Público (al menos siete Policías Investigadores), lo que entorpece y dilata la investigación ordinaria.Otro caso es el de un joven desaparecido en el centro de Tlaquepaque el 21 de mayo de 2022. La matriz de observaciones e irregularidades de la carpeta de investigación registró que: las investigaciones no se ciñeron a los principios de efectividad, exhaustividad, debida diligencia, inmediatez y eficacia, ni los establecidos en el PHI (Protocolo Homologado de Investigación); las acciones para la búsqueda y localización no fueron inmediatas, oportunas, transparentes, útiles ni con un rigor científico; no se realizó la búsqueda individualizada eficaz por parte de la autoridad.La mayoría de las quejas (77) investigadas para esta macrorecomendación encontraron que, en la mayoría de los reportes de desaparición, la autoridad no establece un plan de búsqueda, como mandatan los protocolos respectivos. Son tantas y tan graves las deficiencias que se puede llegar a la conclusión de que, en realidad, las autoridades no están buscando a los desaparecidos.Del total de las 77 quejas, en 55 casos no se solicitó acceso a redes sociales o correo electrónico de la víctima; en 52 no solicitaron los videos al Escudo Jalisco C5; y en 48 no se solicitó la geolocalización del celular. Además, las víctimas se quejan de falta de coordinación entre las agencias encargadas de buscar a los desaparecidos. En no pocas ocasiones las autoridades argumentan que la violencia que cometen los grupos del crimen organizado los rebasa, pero estas omisiones y deficiencias reportadas en la recomendación de la CEDHJ dejan en claro graves negligencias al buscar a los desaparecidos, repitiendo el dolor a las víctimas. El actual Gobierno de Pablo Lemus Navarro debe detener estas graves e indignantes negligencias que impiden que miles de desaparecidos vuelvan con sus familias.rubenmartinmartin@gmail.com
