Denuncian desvío de recursos federales en 2009 en Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO.- La Tesorería y la Contraloría de Guadalajara detectaron “un desvío de recursos” por 78 millones de pesos (MDP) provenientes del Gobierno federal, los cuales, a pesar de estar etiquetados para el combate a la pobreza, fueron transferidos a una cuenta bancaria destinada al gasto corriente de la pasada administración.

Los recursos, que formaban parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), uno de los ocho que componen al Ramo 33, fueron transferidos por la Tesorería el 15 de septiembre de 2009, según consta en registros y pólizas de la dependencia.

Esto contraviene el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009, en su artículo 9, que prohíbe expresamente que los recursos del FAISM sean traspasados a otras partidas municipales o estatales, pues deben permanecer en cuentas creadas específicamente para el fondo.

La cuenta bancaria a donde se transfirieron los 78 millones, explicó el tesorero de Guadalajara, Hugo Alberto Michel Uribe, es la misma que se usa en conceptos como el pago de salarios, contratación de servicios y los múltiples insumos de las dependencias (como la gasolina y papelería).

Y apuntó que la cuenta no sólo se ejerció en su totalidad por la anterior administración, sino que dejó una deuda por 48 millones de pesos correspondiente a pagos que debieron cubrirse en 2009, los cuales quedaron pendientes por la falta de recursos.

Según el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el FAISM debió invertirse en obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a sectores en condiciones de rezago social y pobreza extrema, tales como agua potable, drenaje, electrificación, entre otros. En 2009, Guadalajara recibió 113 millones 776 mil 481 pesos del FAISM, de los cuales se tomaron los 78 millones referidos.

El contralor tapatío, Víctor Urrea Stettner, informó que denunciarán estos hechos ante la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, “por peculado y el uso indebido de atribuciones y facultades por parte de los ahora ex funcionarios tapatíos”. La autoridad confirmó que este movimiento se hizo al interior de la Tesorería y que no consta de ninguna instrucción del pleno del Ayuntamiento.

El actual tesorero agregó que las pequeñas obras sociales que fueron propuestas por el Ayuntamiento para la inversión del FAISM “sí se realizaron, pero el conflicto está en el pago que correspondía en esos proyectos. Los recursos no están en la cuenta de donde debió haberse realizado la erogación para pagar a contratistas y a quienes ejecutaron la obra”. El contralor complementó que, al haber desviado los 78 millones de pesos en gasto corriente, el faltante fue heredado como deuda en obra pública a la actual administración.

Corroborando los señalamientos que hiciera quien presidió la Comisión de Hacienda Pública durante la anterior administración, Salvador Sánchez, el tesorero actual indicó que las transferencias presupuestales sin la autorización del pleno fueron algo común en años pasados, las cuales luego se regularizaban.  

“Lo que en general hemos observado como una dinámica de trabajo de la administración anterior, es que esa clase de movimientos eran compensados después con autorizaciones del pleno, de manera que hacia el final de diciembre hay una autorización global de una serie movimientos muy grande, que dirías, ‘eso debió haber sido antes’”.

La última regularización se dio en la segunda quincena de diciembre, “cuando se buscaba convalidar hechos de movimientos de recursos que se habían hecho antes, en una infracción al mecanismo que la ley obliga a llevar a cabo”. Esto también será indagado por la Contraloría.  

“No hay ilegalidad”

El ex tesorero de Guadalajara, Armando González Cantú, aceptó que los 78 millones de pesos sí fueron tomados para el pago de obra pública “en general” del municipio en 2009; es decir, que no estaba contemplada en el FAISM.

Explicó que esos recursos se encontraban en revisión por el Ayuntamiento y la Auditoría Superior de la Federación, para determinar cuáles eran federales y cuáles municipales. Por ello, no se podían invertir hasta que terminara la investigación. En ese periodo, recalcó, el recurso fue tomado por la Dirección de Egresos “para el pago de obra pública en general”.

Cuando las autoridades definieron a quién correspondían los recursos (63 millones de pesos provenían de la Federación y 15 millones de Guadalajara), González Cantú determinó regresar los 63 millones con las nuevas participaciones federales que llegarían en diciembre de 2009 (por más de 100 millones de pesos), pero éstas no llegaron. Por lo tanto, “dejé una instrucción como parte del proceso de entrega-recepción para que los recursos fueran regresados a la cuenta cuando se contara con ellos”.

Es por eso que negó la existencia de algún delito. A lo más, aseguró, “se generaría una observación de la Auditoría, ya que normalmente así se hace. No hay un desvío, no hay una intención de desviar el dinero ni robárselo. Eso pasa aquí y en todos los municipios… y les pasará también a ellos”.

Agregó que las participaciones federales llegaron entre el 21 y 25 de enero de 2010, mismas que no han sido reintegradas a la cuenta. Por ese motivo, concluyó: “Si hay alguna responsabilidad, será mayor de ellos. No han reintegrado los 63 millones”.